viernes, 14 de septiembre de 2018

Fiscalía Chilena incauta 4 diócesis por abusos a menores y por destrucción de documentos

El Ministerio Público de Chile incauta documentos de la Iglesia católica en Valparaíso, Chillán, Concepción y Osorno por temor a que se destruyan antecedentes. El fiscal Emiliano Arias, el principal investigador del país de los casos de abusos sexuales contra menores cometidos por miembros de la Iglesia católica chilena, ordenó este jueves un allanamiento simultáneo en los obispados de cuatro ciudades del país sudamericano. En conjunto con la policía, Emiliano Arias lideró incautaciones en las oficinas de la institución en el puerto de Valparaíso y Chillán, Concepción y Osorno (sur). Con estas nuevas diligencias, el fiscal completa siete allanamientos en los últimos tres meses, que se suman a los llevados a cabo por otros persecutores. Y por la poca colaboración que ha mostrado la Iglesia en las investigaciones.

Allanamientos en cuatro diócesis chilenas

A las 11:00 de la mañana del jueves y una decena de funcionarios del OS9 y Labocar de Carabineros ingresaron al Arzobispado de Concepción, acompañados del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya. La operación se realizó en simultáneo en los arzobispados de Valparaíso, Chillán y Osorno, y estuvo liderada por los fiscales Emiliano Arias, Miguel Ángel Velásquez y Sergio Pérez, quienes revisaron las dependencias eclesiales en virtud de una orden de entrada y registro otorgada por el Juzgado de Garantía de Rancagua. ¿Con qué fin? La búsqueda de antecedentes que podrían constituir delitos que afecten la integridad e indemnidad sexual de menores de edad (que serían los delitos de abuso sexual, violación, prostitución infantil, almacenamiento o difusión de material pornográfico infantil, etc.).Se indaga el papel del cardenal Ricardo Ezzati en las denuncias contra Hernán Enríquez, Audín Araya y Rimsky Rojas.

Incautaciones de documentación de las diócesis chilenas

El Ministerio Fiscal prefiere incautar los documentos sin previo aviso y no solicitarlos porque teme que los sacerdotes destruyan antecedentes valiosos para alguna de las 119 cusas abiertas en contra de miembros del Clero. “Sabemos que hubo religiosos que destruyeron evidencias sobre abusos sexuales en Chile”, señaló en Julio Emiliano Arias. En los allanamientos de este jueves, el fiscal recogió información sobre casos de abusos sexuales contra menores entre el año 2000 y la actualidad. El Ministerio Público está convencido de que los sacerdotes no denunciaban a la Justicia cuando tenían conocimiento de este tipo de delitos, de ahí que busque todos los documentos que puedan ayudar a abrir nuevos casos o a robustecer los que se investigan. La Fiscalía también sostiene que la Iglesia no daba la atención adecuada a los menores víctimas de abusos, no les creía, no daba curso a las investigaciones y no cumplía la obligación de enviar las denuncias a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano.

Incautación en Concepción

Este 2018 es un año negro para la Iglesia Chilena, sometida a una histórica limpia tras la visita del Papa en enero pasado. Su máximo líder, el arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, está imputado por encubrimiento de abusos sexuales a menores y pese a haber cumplido la edad de retiro y de haberle entregado la renuncia al Papa, como lo tuvieron que hacer todos los obispos del episcopado chileno en medio de la crisis, el Papa Francisco aún no lo ha reemplazado. Su situación es de tal complejidad que no oficiará el Te Deum ecuménico que se celebra cada 18 de septiembre con motivo de la fiesta patria chilena.

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El imputado cardenal Ricardo Ezzati

El fiscal Emiliano Arias tiene en sus manos una pieza importante: el caso de Óscar Muñoz, arrestado por estupro y abuso sexual reiterado contra menores. Hasta principios de año era el canciller de la Iglesia y, por lo tanto, parte de la jerarquía. En el ejercicio de ese cargo tenía el deber de interrogar a los niños abusados y resguardar los archivos secretos del Arzobispado de Santiago, donde están todas las investigaciones canónicas. Solo dos personas tenían llaves de ese lugar: Ezzati y Muñoz. El fiscal sospecha que se trata de un eslabón crucial para comprobar la cultura del encubrimiento dentro de la Iglesia católica chilena que ha posibilitado la comisión de delitos al interior de la organización. Este camino le lleva directamente a los obispos que serían los garantes de la protección de los menores.

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Oscar Muñoz, ex-canciller detenido por violación y estupro

Siete de los 167 imputados en el caso son obispos; 96 son sacerdotes; cuatro, diáconos; 30, religiosos no sacerdotes; 10, laicos ligados a la Iglesia y otros 20 tienen vínculos todavía no precisados con el clero. De las 178 víctimas, al menos 79 eran menores o adolescentes al momento de los delitos y 15 eran adultos, aunque en otros 84 casos todavía no se ha podido saber con certeza la edad que tenían en el momento en el que se produjeron los abusos.

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