El encubrimiento de la Iglesia en España (caso de abusos)

A lo largo de muchos años la Iglesia española ha sido sindicada por no tener una actitud clara frente los múltiples acusaciones de abuso sexual que han cometido los sacerdotes (una actitud que se repite también en otros países), el ocultamiento es la respuesta que la Iglesia española ha dado a este gravísimo problema. En treinta años, 33 sacerdotes han sido condenados en España por haber abusado de 80 menores.

Este es el único dato cierto que tenemos sobre un problema que ha afectado a la Iglesia católica en todo el mundo, y si lo tenemos es porque las víctimas han acudido a los tribunales, en muchos casos tras observar que no obtenían una respuesta satisfactoria en la propia Iglesia (muchas de las cuales han sido silenciadas por la propia Iglesia). El ocultamiento es la respuesta que la Iglesia española ha dado a este gravísimo problema y aún ahora se escuda en el silencio para no afrontar la demanda legítima de información. No es imaginable que España haya quedado al margen de un comportamiento que, aunque minoritario, se ha visto que era mucho más grave y extendido en el mundo de lo que se quiso reconocer. A pesar de los constantes llamamientos a la tolerancia cero del Papa Francisco y de las recomendaciones hechas en 2010 a los obispados para que adoptaran medidas preventivas, sólo dos diócesis españolas han comunicado desde ese año a la fiscalía casos de abusos. Y solo 3 de las 70 consultadas disponen de un protocolo que incluye la denuncia a los tribunales.

La jerarquía defiende a las víctimas o los curas agresores

No sabemos cuántos de los 500 casos que cada año se reportan ante la Congregación para la Doctrina de la Fe corresponden a España y tampoco cuántos expedientes internos se han abierto ni cuántos sacerdotes han sido apartados. Silenciar y ocultar los abusos sexuales a menores supone encubrir un delito que deja gravísimas secuelas en las víctimas. Esta actitud crea un clima de impunidad propicio a que los abusos se perpetúen, pues quienes los cometen pueden sentirse amparados por una jerarquía más preocupada por proteger la institución que por evitar el daño. El problema no es solo de incumplimiento de la ley que desde 2015 obliga a denunciar los casos de abusos de los que se tenga conocimiento. El problema es que las directrices del Papa Francisco son lo suficientemente ambiguas como para que en la práctica sea cada diócesis la que decida si actúa solo a escala interna o traslada la acusación a la justicia civil. La abismal diferencia en el castigo previsto actúa como un incentivo para que el asunto sea tratado a escala interna. Mientras el Código Penal castiga con años de cárcel los abusos continuados, el código canónico sólo impone el apartamiento temporal del abusador y, en casos muy graves, la expulsión del ministerio.

Tolerancia cero o encubrimiento al 100%

Si realmente quiere acabar con la pederastia en la Iglesia, el Papa Francisco debe equiparar el castigo eclesiástico al de la justicia civil e imponer la obligación de denunciar ante fiscalía en todos los casos. Su actuación en Chile, forzando la dimisión de los obispos por encubrimiento, indica que ha comprendido la dimensión del desafío. En la cumbre de conferencias episcopales convocada en febrero veremos hasta dónde llega y hasta dónde está dispuesto a combatir el oscurantismo de la jerarquía española.

¿Cuántos pederastas hay en la Iglesia española? ¿Cuántas víctimas?
Dos recientes investigaciones hablan de medio centenar de casos juzgados, pero la realidad es mucho mayor ya que muchos casos no son dado a conocer por la Iglesia o simplemente las víctimas (luego de ser desacreditados ya no quisieron seguir con las denuncias). Dado la magnitud de estas investigaciones la pregunta salta de madura: ¿Cuántos pederastas hay en la Iglesia española?. En una reciente investigación del Diario El País habla de 33 condenas y unos 50 casos instruidos. El último libro de Juan Ignacio Cortés, "Lobos con piel de pastor", estima una cifra similar. Sin embargo, estos sólo son la punta del iceberg.

Sin contabilizar, los centenares de casos no denunciados, resueltos en privado o, simplemente, que no afectan a un religioso (como el recientísimo "caso Gaztelueta", colegio vinculado al Opus Dei). ¿Cuántas víctimas de la pederastia clerical hay en España? Nadie lo sabe. A diferencia de otros países, en el nuestro no ha habido una investigación global (ni independiente, ni controlado por la Administración o por la Iglesia), pero resulta impensable que en todos los países de nuestro entorno (hasta en Italia, donde se han desvelado al menos 300 casos) se den casos sistémicos... y en España no. ¿Cuál es la realidad?. Un interesantísimo informe publicado el domingo pasado en Diario El País documenta que en los últimos 30 se ha probado que 33 sacerdotes fueron condenados por abusar de unos 80 menores. Nada se dice de los casos instruidos, de los no denunciados, de los que concluyeron con un acuerdo "privado" del que no existe documentación pues, a diferencia de lo que sucede en EEUU, no hay registro de estas actuaciones.

En una entrevista de este mismo medio con el vicario judicial de Cartagena-Murcia, Gil José Sáez Martínez, se sostiene que "la Iglesia lleva un siglo tapando la pederastia". Y es que el auténtico problema no está tanto en la existencia de depredadores en el interior de la institución (los informes de organismos internacional, es cierto, afirman que el grueso de los abusos se dan en el entorno familiar), sino en el encubrimiento sistemático que se daba cuando alguna de las víctimas intentaba denunciar. "Todas las diócesis del mundo, cuando llegaba una denuncia cogían y decían: "Fulanito, te mandamos a tal sitio". Y en ese sitio seguía haciendo lo que hacía en el otro. Eso se hacía en toda la Iglesia universal durante el siglo XX, incluida España", declara, rotundo, Sáez. Para este experto, que ultima su tesis doctoral sobre este tema, en España "hay muchísimos más" casos de ese medio centenar publicados. Con todo, lo terrible es "el silencio y el encubrimiento de las víctimas que, además, ha sido un silencio impuesto, hace que esas personas estén gimiendo de dolor y que esas heridas que tienen jamás se les curen".

Respecto a los protocolos aprobados por la Conferencia Episcopal en 2010, y admitido en 2015, después de que fueran publicadas en mitad de la tormenta por el "caso Romanones", el vicario admite que "cuando se colgaron en la web, algunos obispos españoles desconocían su existencia". Desde entonces, añade, "la Conferencia Episcopal no los ha modificado conforme a la Carta Circular de la Congregación de la Fe de 2011. Desde mi punto de vista, es un protocolo que deja a la víctima en un segundo lugar.No hay un equilibrio entre presunta víctima y presunto agresor".