sábado, 11 de mayo de 2019

Fiscalía General de California abre investigación a la Arquidiócesis de Los Ángeles

A raíz de un pago de $ 8 millones a una víctima de abuso sexual, la arquidiócesis de Los Ángeles está siendo sometida a un mayor escrutinio por parte del fiscal general del estado para determinar cómo manejó todas las acusaciones. El Los Angeles Times informó el 3 de mayo que Mons. José Gómez recibió una carta del fiscal general de California, Xavier Becerra, en la que se le informaba que conservara toda la información pertinente y los documentos pertinentes relacionados con décadas de acusaciones de abuso sexual contra miembros del clero en la archidiócesis.

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Fiscal general de California, Xavier Becerra

La revelación llegó a los talones a mediados de abril del acuerdo masivo de $ 8 millones de la arquidiócesis con una ex-alumna de Juan Iván Barajas, director atlético de la Escuela Secundaria San Gabriel Mission en el Condado de Los Ángeles. La víctima tenía 15 años cuando Barajas se fugó con ella a Las Vegas. La arquidiócesis fue declarada culpable en una demanda civil por contratación negligente, supervisión y retención y el incumplimiento de su deber de denunciar sospechas de abuso infantil, lo que lo convierte en el mayor asentamiento jamás realizado por una iglesia local.

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Juan Iván Barajas, acusado de abuso

Aunque el "LA Times" no publicó el texto completo de la carta del 2 de mayo, sí reimprimió literalmente varios párrafos, entre ellos: El Departamento de Justicia de California está revisando el manejo de las denuncias de conducta sexual inapropiada de su archidiócesis con niños, incluso si su archidiócesis ha informado adecuadamente las denuncias de conducta sexual inapropiada, según lo exige la Ley de denuncia de negligencia y abuso infantil de California.

Según la reportera del "Los Angeles Times", Teresa Watanabe, la arquidiócesis no abordó específicamente la investigación del fiscal general en una declaración emitida el viernes, pero dijo que ya ha cooperado con dos investigaciones estatales y una investigación federal y "continúa cooperando plenamente con todas las autoridades civiles".

La historia de Teresa Watanabe compara la carta del 2 de mayo con los eventos que suceden entre los procuradores generales y las diócesis en otros lugares de los Estados Unidos, señalando que el fiscal Becerra va aún más lejos con su investigación al buscar información sobre el personal que no pertenece al clero como voluntarios y empleados.

Otra información solicitada por Teresa Becerra incluye:
Todas las denuncias de conducta sexual inapropiada hacia menores que la archidiócesis recibió desde 1996 hasta el presente, independientemente de cuándo se produjo la presunta conducta indebida.
Cualquier acción tomada desde 1996 hasta el presente contra cualquier individuo dentro del ámbito de la arquidiócesis que fue acusada de conducta sexual indebida hacia un menor o que no informó las denuncias de abuso sexual a las autoridades policiales pertinentes.
Individuos que han sido objeto de cualquier alegación de conducta sexual inapropiada hacia un menor que todavía está activo en el ministerio.
Todos los informes de presunta conducta sexual inapropiada hacia un menor presentado por la arquidiócesis en cumplimiento de la ley desde 1996 hasta el presente.
Para cualquier persona acusada de abuso sexual de un menor, cualquier y todos los archivos mantenidos por la archidiócesis sobre la persona, incluidos los "archivos secretos", los archivos de personal, los archivos de litigios, los archivos de la víctima o la junta de revisión.
Todas y cada una de las políticas, procedimientos, documentos o comunicaciones relacionadas con el cumplimiento de las leyes por parte de la archidiócesis.

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Mons. José Gómez afronta investigación por temas de abuso

La afiliada de la CBS de Los Ángeles , KCAL, resume los últimos 20 años de acusaciones contra la archidiócesis: Durante casi dos décadas, la arquidiócesis ha estado agobiada por las acusaciones de que los líderes eclesiásticos habían manejado mal los casos de abuso de clérigos, a veces trasladando a los clérigos sospechosos de cometer delitos a otras parroquias en lugar de castigarlos e informar a las autoridades policiales.

La Arquidiócesis de Los Ángeles ha pagado $ 740 millones en varios asentamientos a las víctimas y se comprometió a proteger mejor a los miembros de su iglesia. Mons. Gómez sucedió durante mucho tiempo al cardenal Roger M. Mahony, quien se enfrentó a las críticas por su manejo del escándalo.

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