Se anula acuerdo entre los obispos Chilenos y la Fiscalía
La Fiscalía lamenta que la firma del documento “haya generado desconfianza y producido un impacto doloroso en las víctimas, situación que no fue prevista ni deseada por la institución”. El acuerdo establecía, en síntesis, que la fiscalía podría solicitar información a los obispos sobre indagaciones canónicas contra acusados de abusos y que si las víctimas no deseaban informar del delito a las autoridades judiciales,la Conferencia Episcopal estaría obligada a informar del abuso, sin detalles ni nombres, en el caso de que los afectados sean menores o personas discapacitadas.
Obligación de informar
La Fiscalía, por su parte, se obligaba a informar a los obispos del estado de los procesos contra religiosos acusados de abuso sexual. “Si bien el objetivo del convenio era generar un canal de acceso a la justicia para aquellas víctimas que denuncian en el seno de la Iglesia”, manteniendo la confidencialidad del abusado si así lo pedía, “lamenta profundamente” la reacción contraria de las víctimas, agrega el comunicado.
Los obispos, tras enterarse de la anulación del acuerdo, dijeron en un comunicado que “nunca hemos buscado un trato preferente con este convenio” y lamentaron que su firma causara “un impacto doloroso” entre los afectados.
Las víctimas, en contra
La Red de Víctimas de Abusos Sexuales, tras conocer el acuerdo, dijo que “se rompieron las confianzas” hacia el Ministerio Público, cuyos fiscales trabajaron arduamente para atraer el apoyo de los afectados que primero confiaron en los sacerdotes que no trasladaron los hechos a la justicia.
“Va a costar mucho reconstruir las confianzas dañadas”, indicó el lunes Jaime Concha, un médico vocero de estudiantes abusados por religiosos maristas mientras cursaban la enseñanza secundaria. Varias víctimas públicas de curas consideraron que el acuerdo favorecía ampliamente a la Iglesia Católica.
Según las últimas cifras de abril entregadas por la fiscalía hay 166 investigaciones judiciales vigentes contra 221 indagados (incluidos diez obispos) por 248 víctimas de abusos sexuales, la mayoría menores de edad. La Iglesia Católica chilena cayó en desgracia ante la opinión pública hace cerca de un año, cuando el papa Francisco afirmó, tras recibir un informe de 2.300 páginas, que los obispos practicaron por décadas “una cultura del abuso y el encubrimiento”, que no se preocuparon de las víctimas, que rompieron documentos incriminatorios y que trasladaron abusadores de un templo a otro.
La Fiscalía, por su parte, se obligaba a informar a los obispos del estado de los procesos contra religiosos acusados de abuso sexual. “Si bien el objetivo del convenio era generar un canal de acceso a la justicia para aquellas víctimas que denuncian en el seno de la Iglesia”, manteniendo la confidencialidad del abusado si así lo pedía, “lamenta profundamente” la reacción contraria de las víctimas, agrega el comunicado.
Fiscal Chileno, Jorge Abbot
Las víctimas, en contra
La Red de Víctimas de Abusos Sexuales, tras conocer el acuerdo, dijo que “se rompieron las confianzas” hacia el Ministerio Público, cuyos fiscales trabajaron arduamente para atraer el apoyo de los afectados que primero confiaron en los sacerdotes que no trasladaron los hechos a la justicia.
“Va a costar mucho reconstruir las confianzas dañadas”, indicó el lunes Jaime Concha, un médico vocero de estudiantes abusados por religiosos maristas mientras cursaban la enseñanza secundaria. Varias víctimas públicas de curas consideraron que el acuerdo favorecía ampliamente a la Iglesia Católica.
La Conferencia Episcopal de Chile la promotora del extinto acuerdo
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