Casi todos los estados de EEUU se plantean investigar judicialmente a la Iglesia Católica

Representantes oficiales de hasta 45 de los estados norteamericanos han solicitado a la fiscalía de Pensilvania asesoramiento con vistas a iniciar sus propias investigaciones sobre encubrimiento de abusos sexuales por parte de clérigos en las diócesis bajo su jurisdicción, según ha declarado en una reciente entrevista Josh Shapiro, fiscal general de Pensilvania.

El fiscal Shapiro, que este pasado verano hizo público el demoledor informe del gran jurado sobre seis diócesis del estado, declaró a "USA Today" que están acudiendo a él colegas y altos funcionarios de otros estados para pedirle consejo con vistas a realizar investigaciones similares en sus propias jurisdicciones.

El informe del gran jurado de Pensilvania sobre abusos sexuales a menores en seis diócesis de Pensilvania, presentado en la primera mitad del pasado agosto, causó un fortísimo impacto en la opinión pública por el grado de perversidad desvelada, con trescientos perpetradores y más de un millar de víctimas. Desde entonces, catorce estados se han mostrado interesados en investigar casos semejantes y algunos, incluso, han ordenado ya registros en las sedes episcopales, hasta el punto de que muchos temen (o esperan) que el gobierno federal acabe viéndose obligado a llevar a cabo su propia investigación nacional, quizá aplicando la ley creada para la lucha contra organizaciones criminales, RICO

El propio fiscal Shapiro cree que el informe que ordenó él mismo era solo el principio. “La aplicación de la ley, en muchos sentido, está sólo empezando”, declara al "USA Today", añadiendo que aún podrían desvelarse “muchos más horrores”.

Por ahora, los "federales" se han limitado a iniciar una investigación tangencial, a la implicación personal del ex-cardenal Theodore McCarrick en el establecimiento y gestión financiera de la Papal Foundation, uno de los fondos más poderosos creado para reunir donaciones dirigidas a proyectos caritativos de la Santa Sede.

Los miembros laicos de la fundación se comprometen a donar un millón de dólares en un máximo de diez años, con donaciones mínimas de 100.000 dólares anuales, a un fondo perpetuo destinado a subvenir a las necesidades de la Iglesia. Pero el consejo está compuesto mayoritariamente por obispos americanos, para empezar, todos los cardenales del país. Pese a la oposición de los socios (o "custodios") laicos, los obispos votaron en diciembre de 2017 el envío a la Santa Sede de ocho millones de dólares destinado a una clínica dermatológica romana plagada de acusaciones de delitos financieros.

Pero entre los cardenales del consejo que forzaron esa donación, tan insólita por la cantidad como por el destino, había al menos tres (Dolan, Wuerl y McCarrick) que tenían que saber que este último estaba siendo investigado por el abuso de un menor y que Roma tendría que tratar su caso. Es decir, tenían un evidente conflicto de intereses, algo que prohíben los estatutos de la fundación.

Son cada vez más numerosas las partes interesadas en que se invoque la ley RICO en la investigación, una norma creada para luchar contra la mafia y que puede aplicarse a todo lo que se pueda tipificar de organizaciones criminales. Según juristas expertos en declaraciones a AP, “si la fiscalía puede demostrar que líderes eclesiásticos encubrieron sistemáticamente a sacerdotes que habían abusado de niños en los últimos cinco años”, podría iniciarse una investigación a partir de esta legislación, con consecuencia previsiblemente sísmicas para la Iglesia americana e incluso para la propia Roma.