El Vaticano apela a la "inmunidad" del cardenal Ladaria para impedir que declare ante la justicia francesa

El prefecto de la Doctrina de la fe, el cardenal Luis Ladaria Ferrer, jesuita como el Papa Francisco, fue citado por las autoridades francesas por el caso de encubrimiento contra el cadenal frances Barbarin, colocando en evidencia el doble discurso del Vaticano en su política de tolerancia cero en los casos de abusos y encubrimientos argumentando que los hechos punibles ocurrieron "en el ejercicio de funciones soberanas".

El  cardenal jesuita Luis Ladaria 

El Vaticano no envió al cardenal jesuita español Luis Francisco Ladaria Ferrer su citación a comparecer ante un tribunal francés por el caso del cardenal Philippe Barbarin, acusado de encubrir actos de pederastia, alegando su "inmunidad", informaron el miércoles las partes civiles. Estas habían citado a comparecer al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ante el tribunal correccional de Lyon, en el sureste de Francia, por complicidad al no haber denunciado agresiones sexuales. El cardenal francés Philippe Barbarin, que es acusado por no haber denunciado abusos sexuales cometidos por un sacerdote de su diócesis a jóvenes boy scouts entre 1986 y 1991, había consultado a Ladaria sobre el caso de este cura.

El prelado español había aconsejado al arzobispo de Lyon tomar "las medidas disciplinarias adecuadas pero evitando el escándalo público", en una carta incautada por los investigadores. Es decir, de "no acudir a la justicia", según los abogados de los demandantes. Las autoridades francesas habían transmitido recientemente al Vaticano la citación del cardenal español para comparecer.

Deseo de colaboración o simple encubrimiento 

En una "nota verbal" dirigida el 17 de septiembre al ministerio de Relaciones Exteriores francés y transmitida a la justicia de Lyon (la cual fue consultada por la AFP), las autoridades vaticanas señalan que el prelado español conversó con el cardenal Barbarin "en el ejercicio de funciones soberanas", en su posición en el seno de la organización de la Santa Sede. De esta manera apunta que el derecho internacional reconoce "la inmunidad penal 'ratione materiae' a los agentes públicos por los actos cumplidos en nombre del Soberano" pontífice.  "El tribunal del Vaticano por tanto consideró inaceptable la instancia y estableció que no procedería a la notificación de la citación al Cardenal Ladaria", concluyó el documento.

Otra incoherencia: Cardenal Errázuriz no interrogó a Karadima "por respeto" y cerró la investigación sin sancionarle
El abogado de algunas víctimas de abuso sexual reveló el jueves pasado una carta que muestra cómo en 2009 el entonces arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa, declinó interrogar al ahora ex-sacerdote Fernando Karadima sobre las acusaciones en su contra. ¿Su argumento? "Por respeto", y cerró la investigación.

Cardenal Errázuriz, acusado de encubrimiento

El ex-sacerdote Fernando Karadima, de 88 años, fue sancionado en 2011 por la iglesia a vivir una vida de penitencia por haber abusado sexualmente de menores en la parroquia de Santiago que estaba a su cargo. Hace unas semanas, el Papa Francisco lo expulsó del sacerdocio, en una medida que el Vaticano consideró necesaria por el daño que había causado a Chile. Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de las tres víctimas del ex-cura Karadima que han hecho públicas sus historias, presentó la carta en una sala de la Corte de Apelaciones para intentar revertir la decisión de un juez que el año pasado resolvió que no había pruebas de que el arzobispado de Santiago encubrió los abusos del cura.

La carta está firmada por el cardenal Francisco Javier Errázuriz, quien en 2009 era el arzobispo de Santiago, y era dirigida al Nuncio Apostólico de la época, monseñor Giuseppe Pinto. "Por respeto a Karadima no le pedí al promotor que lo interrogara y sólo le pedí a Andrés Arteaga, obispo auxiliar de Santiago, su parecer", señala la misiva.

El abogado de las víctimas no dijo cómo consiguió la carta y en el área de prensa del Arzobispado de Santiago dijeron a The Associated Press que no se pronunciarían por el momento sobre la carta. Francisco Errázuriz, cardenal emérito, fue reemplazado en el arzobispado de Chile en 2011 por el cardenal Ricardo Ezzati, quien actualmente es investigado por encubrimiento.

Arteaga, el obispo auxiliar mencionado en la carta de Errázuriz, es uno de los cinco obispos formados por Karadima. "Él consideró que todo era absolutamente inverosímil. Como se trata de hechos prescritos cerré la investigación", añade la carta de Errázuriz, en referencia a Arteaga.

Ahora, la Corte de Apelaciones debe evaluar las nuevas pruebas de la defensa y determinar si procede revertir el fallo de marzo de 2017 del juez Juan Manuel Muñoz, quien determinó que no había pruebas de que el arzobispado encubrió los abusos. Los denunciantes, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, demandaron civilmente en 2011 al arzobispado de Santiago por encubrir los delitos del cura.

Ese mismo año Fernando Karadima fue castigado por El Vaticano a una vida de penitencia y oración, que cumplía en un cómodo hogar para ancianos, hasta que el Papa Francisco lo expulsó del sacerdocio a fines de septiembre pasado. Este año, el Papa Francisco afirmó que la Iglesia Católica chilena ha vivido por décadas en una "cultura de abuso y encubrimiento", y pidió la renuncia a todos los obispos locales, a quienes los acusó de alejarse de los feligreses, desoír a las víctimas de los abusos sexuales y destruir documentos incriminatorios. El Papa Francisco invitó a las víctimas públicas del cura, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, a El Vaticano, los alojó en el mismo hotel donde vive él y les pidió perdón por el sufrimiento que soportaron.

Los demandantes afirman que el arzobispado desarrolló varias acciones para tapar los delitos sexuales de Fernando Karadima. El arzobispo de la época, del cardenal Errázuriz, admitió en un juicio criminal que demoró años en atender las denuncias porque no creyó las afirmaciones de las víctimas. Según la Fiscalía Nacional, hasta comienzos de agosto hay 119 investigaciones vigentes contra 167 acusados, la mayoría pertenecientes a la Iglesia Católica, y 178 víctimas de abusos sexuales, de ellos 79 menores de edad. Entre los imputados hay siete obispos.