Un caso escándalo de abuso de poder en México
Padre Juan de Dios Olvera Delgadillo
El objeto de la controversia
Santa Cruz de Juventino Rosas es un pueblo de Guanajuato bajo la jurisdicción del obispo de Celaya, Mons. Benjamín Castillo Plascencia. En la colonia Unión Popular Independiente existe un terreno adjudicado legalmente por juicio sucesorio a la persona de Juan de Dios Olvera. La testadora fue la desaparecida María Ángela Landa, fundadora de las Misioneras de Jesús Evangelizador y de Santa María de Guadalupe. En 2009, la reverenda madre superiora murió. Ella había conocido desde 1992 a Juan de Dios Olvera. Él mismo tenía a la religiosa como “verdaderamente ejemplar, muy capaz y, al mismo tiempo, muy entregada a su misión”. Por más de una década, apoyó a las obras de la comunidad. Tal cercanía hizo que la reverenda madre designara al padre Juan de Dios Olvera como albacea testamentario.
Tras la muerte de la religiosa, sería encargado de verificar el cumplimiento de la voluntad de la reverenda madre María Landa, él mismo tendría parte en la herencia que posteriormente le adjudicaría el terreno en controversia y en donde se construía la casa conventual. Así el juicio sucesorio se abrió.
La situación no sería tersa en la sucesión hereditaria. En la comunidad se encontraba Octaviana Ortiz Méndez quien prácticamente ejecutó un golpe de estado al interno para hacerse de las riendas de una comunidad ocupando la casa conventual y posesionándose ilícitamente del inmueble mientras corría el proceso de juicio testamentario. De esto existen evidencias documentales dirigidas al obispado de Celaya.
A pesar de lo anterior, en 2018, la autoridad judicial civil confirmó la voluntad de la madre Ángela Landa. El juez único civil de partido y oralidad familiar adjudicó por herencia los bienes de la finada, es decir, el predio de José María Liceaga 130 a Olvera Delgadillo como consta en la Escritura Pública 10802 pasada por la fe del notario 01 de Juventino Rosas, Guanajuato, y ocupado por la usurpadora.
Pero Octaviana no se quedaría en paz. Alargando el procedimiento, el asunto llegó hasta el Poder Judicial de la Federación debido a las tácticas dilatorias, chicanadas y recursos que uno a uno perdió en tribunales. Si bien el derecho civil otorgó la razón jurídica a Olvera Delgadillo, las marrullerías, amenazas e intimidaciones de Octaviana tejieron la red de cómplices en la diócesis de Celaya involucrando al mismo obispo Benjamín Castillo Plascencia hasta ascender al mismísimo cardenal Carlos Aguiar Retes. Es aquí cuando comienza el abuso de poder.
Amagos de la diócesis de Celaya
Aunque el fallo de la autoridad civil fue cosa juzgada, el obispado de Celaya operó quejas, recursos y hasta supuestas investigaciones para deslindar la propiedad del inmueble. A tal medida, el 9 de diciembre, dos religiosos ligados al aparato del obispado de Celaya aparecieron en Basílica de Guadalupe para lograr una audiencia con el cardenal Aguiar Retes. Octaviana Ortiz y el fraile Francisco Javier Amézquita Velasco fueron recibidos por Enrique Glennie Graue, vicario general del arzobispado de México, por instrucciones de su Eminencia.
Santa Cruz de Juventino Rosas es un pueblo de Guanajuato bajo la jurisdicción del obispo de Celaya, Mons. Benjamín Castillo Plascencia. En la colonia Unión Popular Independiente existe un terreno adjudicado legalmente por juicio sucesorio a la persona de Juan de Dios Olvera. La testadora fue la desaparecida María Ángela Landa, fundadora de las Misioneras de Jesús Evangelizador y de Santa María de Guadalupe. En 2009, la reverenda madre superiora murió. Ella había conocido desde 1992 a Juan de Dios Olvera. Él mismo tenía a la religiosa como “verdaderamente ejemplar, muy capaz y, al mismo tiempo, muy entregada a su misión”. Por más de una década, apoyó a las obras de la comunidad. Tal cercanía hizo que la reverenda madre designara al padre Juan de Dios Olvera como albacea testamentario.
Tras la muerte de la religiosa, sería encargado de verificar el cumplimiento de la voluntad de la reverenda madre María Landa, él mismo tendría parte en la herencia que posteriormente le adjudicaría el terreno en controversia y en donde se construía la casa conventual. Así el juicio sucesorio se abrió.
La situación no sería tersa en la sucesión hereditaria. En la comunidad se encontraba Octaviana Ortiz Méndez quien prácticamente ejecutó un golpe de estado al interno para hacerse de las riendas de una comunidad ocupando la casa conventual y posesionándose ilícitamente del inmueble mientras corría el proceso de juicio testamentario. De esto existen evidencias documentales dirigidas al obispado de Celaya.
Registro del verdadero propietario
A pesar de lo anterior, en 2018, la autoridad judicial civil confirmó la voluntad de la madre Ángela Landa. El juez único civil de partido y oralidad familiar adjudicó por herencia los bienes de la finada, es decir, el predio de José María Liceaga 130 a Olvera Delgadillo como consta en la Escritura Pública 10802 pasada por la fe del notario 01 de Juventino Rosas, Guanajuato, y ocupado por la usurpadora.
Pero Octaviana no se quedaría en paz. Alargando el procedimiento, el asunto llegó hasta el Poder Judicial de la Federación debido a las tácticas dilatorias, chicanadas y recursos que uno a uno perdió en tribunales. Si bien el derecho civil otorgó la razón jurídica a Olvera Delgadillo, las marrullerías, amenazas e intimidaciones de Octaviana tejieron la red de cómplices en la diócesis de Celaya involucrando al mismo obispo Benjamín Castillo Plascencia hasta ascender al mismísimo cardenal Carlos Aguiar Retes. Es aquí cuando comienza el abuso de poder.
Amagos de la diócesis de Celaya
Aunque el fallo de la autoridad civil fue cosa juzgada, el obispado de Celaya operó quejas, recursos y hasta supuestas investigaciones para deslindar la propiedad del inmueble. A tal medida, el 9 de diciembre, dos religiosos ligados al aparato del obispado de Celaya aparecieron en Basílica de Guadalupe para lograr una audiencia con el cardenal Aguiar Retes. Octaviana Ortiz y el fraile Francisco Javier Amézquita Velasco fueron recibidos por Enrique Glennie Graue, vicario general del arzobispado de México, por instrucciones de su Eminencia.
Obispo de Celaya, Mons. Benjamín Castillo Plascencia
Portaban una carta del obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, exigiendo meter en cintura al padre Juan de Dios Olvera. El documento daba cuenta de la severa inconformidad del obispo local por la situación jurídica resuelta en tribunales. Después, emergería una extraña petición que presuntamente se daría desde la Arquidiócesis de México a raíz de la entrega de la carta: Que el obispado de Celaya diera inicio a una investigación para inducir a conclusiones: el inmueble es de propiedad eclesiástica.
Plagada de irregularidades, la investigación de la diócesis de Celaya fue conducida por el mismo fraile Francisco Javier Amézquita Velasco, emisario del obispo. Quien debía ser imparcial, resultó ser cómodo cómplice en colusión con la reverenda Ortiz además de ser asistente espiritual de la comunidad religiosa en cuestión. En diciembre de 2018, el fraile tejió una serie de falsas acusaciones al afirmar que Olvera Delgadillo amenazaba a las religiosas para sacarlas a la fuerza sin piedad ni consideración alguna por su labor. Bulos y calumnias en la Gaceta de Guanajuato harían aflorar otra de las jugadas y maquinaciones para usar a modo los medios de comunicación ligados al Obispo de Celaya.
Fraile Francisco Javier Amézquita Velasco cómplice del abuso
Aquí emerge el otro operador del golpeteo mediático. Eugenio Amézquita Velasco, hermano del fraile Francisco Javier, es nada más y nada menos que colaborador en la oficina de Comunicación Social del obispado de Celaya y responsable de los artículos que están deformando la opinión pública acusando sin fundamentos a Juan de Dios Olvera. Han echado mano de los mejor que saben hacer. Llamándolo simoniaco y abusador, La Gaceta de Guanajuato es punta de lanza en el linchamiento y denigración pública del canónigo. El objetivo es claro: Usar todo el sistema de comunicación diocesana para soliviantar a la comunidad en contra de Olvera, mientras emisarios y autoridades del obispado de Celaya movían a sus peones hasta la arquidiócesis de México.
Mientras corría la presunta investigación en Celaya, en el arzobispado de México se abría otro frente que poco a poco demostraría el amago de la autoridad y abuso de poder.
“Ten en cuenta que la situación no te favorece”
Gracias a la cautela del implicado, existe evidente y abundante documentación en la que consta cómo se ha construido un monumental aparato de intimidación a fin de doblegar a un ciudadano al que el derecho le ha dado razón.
En un documento del 26 de enero de 2019, “por instrucciones del cardenal Carlos Aguiar Retes” y firmado por el vicario general, Olvera Delgadillo era constreñido a cumplimentar ilegales medidas cautelares a solicitud del vicario general de la diócesis de Celaya, Daniel Huerta Ibáñez, para que el propietario del terreno se abstuviera de recuperar la posesión del inmueble para no perjudicar a las monjas.
El canónigo estaría en franco estado de indefensión ante este supuesto recurso de la autoridad canónica, de incertidumbre jurídica por no conocer los resultados de las investigaciones de la diócesis de Celaya y por las acusaciones infundadas de sus legítimos superiores a pesar de los intentos de acercamiento y diálogo con el obispado de Celaya y la Arquidiócesis de México cuyas autoridades insisten en que Olvera Delgadillo está incitando al escándalo público.
Extrañamente, y desde el 9 de diciembre de 2018, el sacerdote sería enterado de la carta firmada por el obispo de Celaya, Mons. Benjamín Castillo Plascencia, entregada en la misma Basílica de Guadalupe de manos de Octaviana Ortiz y del fraile Amézquita Velasco. Sin imparcialidad alguna, Enrique Glennie Graue esgrime acusaciones subjetivas como consta en un oficio del cual se marca copia al arzobispo de México. Lo grave es la escalada en los amagos. El vicario general afianza amenazas tenidas por supuestamente justas y consentidas por el arzobispo Aguiar puesto que él ordenaría la resolución expedita con la frase francamente intimidatoria: “Recuerda lo que mencionó el Sr. Cardenal esta tarde: Que el asunto se arregle”.
Los recursos propuestos tomarían la forma de maquinación de cláusulas contrarias a la seguridad jurídica del canónigo Olvera. Una solución ilegal fue sugerida por Enrique Glennie: “Simplemente haz un documento en el que renuncias voluntariamente a las partes que se te adjudican y que nada se te debe de los gastos mencionados. Te adjunto una sugerencia de cómo plantean los abogados que podrías redactar esa carta…”
La amable “sugerencia” era como entregar un revólver para que el mismo Olvera lo accionara en la sien y después el vicario general escondiera la pistola humeante acatando la instrucción del cardenal Carlos Aguiar.
Gracias a la cautela del implicado, existe evidente y abundante documentación en la que consta cómo se ha construido un monumental aparato de intimidación a fin de doblegar a un ciudadano al que el derecho le ha dado razón.
En un documento del 26 de enero de 2019, “por instrucciones del cardenal Carlos Aguiar Retes” y firmado por el vicario general, Olvera Delgadillo era constreñido a cumplimentar ilegales medidas cautelares a solicitud del vicario general de la diócesis de Celaya, Daniel Huerta Ibáñez, para que el propietario del terreno se abstuviera de recuperar la posesión del inmueble para no perjudicar a las monjas.
El canónigo estaría en franco estado de indefensión ante este supuesto recurso de la autoridad canónica, de incertidumbre jurídica por no conocer los resultados de las investigaciones de la diócesis de Celaya y por las acusaciones infundadas de sus legítimos superiores a pesar de los intentos de acercamiento y diálogo con el obispado de Celaya y la Arquidiócesis de México cuyas autoridades insisten en que Olvera Delgadillo está incitando al escándalo público.
Cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de México
Extrañamente, y desde el 9 de diciembre de 2018, el sacerdote sería enterado de la carta firmada por el obispo de Celaya, Mons. Benjamín Castillo Plascencia, entregada en la misma Basílica de Guadalupe de manos de Octaviana Ortiz y del fraile Amézquita Velasco. Sin imparcialidad alguna, Enrique Glennie Graue esgrime acusaciones subjetivas como consta en un oficio del cual se marca copia al arzobispo de México. Lo grave es la escalada en los amagos. El vicario general afianza amenazas tenidas por supuestamente justas y consentidas por el arzobispo Aguiar puesto que él ordenaría la resolución expedita con la frase francamente intimidatoria: “Recuerda lo que mencionó el Sr. Cardenal esta tarde: Que el asunto se arregle”.
Los recursos propuestos tomarían la forma de maquinación de cláusulas contrarias a la seguridad jurídica del canónigo Olvera. Una solución ilegal fue sugerida por Enrique Glennie: “Simplemente haz un documento en el que renuncias voluntariamente a las partes que se te adjudican y que nada se te debe de los gastos mencionados. Te adjunto una sugerencia de cómo plantean los abogados que podrías redactar esa carta…”
La amable “sugerencia” era como entregar un revólver para que el mismo Olvera lo accionara en la sien y después el vicario general escondiera la pistola humeante acatando la instrucción del cardenal Carlos Aguiar.
Enseguida, la amenaza
De no aceptar, el padre Olvera Delgadillo debería atenerse a mayores consecuencias. Glennie Graue le advertía: “Ten en cuenta que la situación de esta naturaleza no te favorece personalmente e iría en contra de la Iglesia (que ya bastante golpeada está). En Celaya tienen a todos en tu contra, empezando por el Obispo, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado con las gentes de la comunidad que ayudaron en la construcción y con los medios de comunicación (Entre ellos la cuestionada Gaceta de Guanajuato donde opera el pariente de fray Amézquita Velasco, añadido nuestro) que -según me afirmaron las hermanas- los han podido detener hasta ahora”. ¿Por qué esas sospechas? ¿De quién hay que tener cuidado?
El padre Olvera Delgadillo tuvo la oportuna asesoría en relación con los alcances de la sugerencia y qué podría pasar si consentía esa cláusula ilegal. El dictamen no dejó lugar a dudas. Por lo que hace a derecho civil, la insidia propuesta por el vicario general del cardenal Carlos Aguiar sería, a todas luces, desventajosa incurriendo, inclusive, en ilícitos sancionados por el derecho penal. De haberlo firmado, se hubiera consumado el perfecto suicido jurídico del canónigo; sin embargo, seguirían con la fabricación de culpa.
De no aceptar, el padre Olvera Delgadillo debería atenerse a mayores consecuencias. Glennie Graue le advertía: “Ten en cuenta que la situación de esta naturaleza no te favorece personalmente e iría en contra de la Iglesia (que ya bastante golpeada está). En Celaya tienen a todos en tu contra, empezando por el Obispo, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado con las gentes de la comunidad que ayudaron en la construcción y con los medios de comunicación (Entre ellos la cuestionada Gaceta de Guanajuato donde opera el pariente de fray Amézquita Velasco, añadido nuestro) que -según me afirmaron las hermanas- los han podido detener hasta ahora”. ¿Por qué esas sospechas? ¿De quién hay que tener cuidado?
El padre Olvera Delgadillo tuvo la oportuna asesoría en relación con los alcances de la sugerencia y qué podría pasar si consentía esa cláusula ilegal. El dictamen no dejó lugar a dudas. Por lo que hace a derecho civil, la insidia propuesta por el vicario general del cardenal Carlos Aguiar sería, a todas luces, desventajosa incurriendo, inclusive, en ilícitos sancionados por el derecho penal. De haberlo firmado, se hubiera consumado el perfecto suicido jurídico del canónigo; sin embargo, seguirían con la fabricación de culpa.
Escritos intimidatorios
Lo que venía a ser un asunto resuelto de derecho, para el arzobispo primado y su gente no lo era. El padre Olvera Delgadillo dirigiría infecundos escritos a su superior, el cardenal Aguiar, quien ordenaría de palabra el distanciamiento del canónigo incluso impidiéndole concelebrar con él.
En un diligente documento, trató de explicarle la situación del caso revelando el caso de despojo, el abuso de Octaviana y de cómo las amañadas propuestas del vicario general de la arquidiócesis de México tendrían serias consecuencias jurídicas en caso de ser aceptadas.
Como se verifica en esos papeles a los medio de comunicación han tenido amplio acceso, el camino sembrado de irregularidades constituirían un tremendo fraude incluso engañando a los fieles de Juventino Rosas. El padre Juan de Dios Olvera solicitó audiencia directa al obispo de Celaya como consta en documento recibido el 22 de diciembre de 2018 por el padre Gilberto Arco de Catedral de Celaya, nada se ha respondido a los escritos formulados.
A pesar de los acercamientos, los amagos fueron consumados. Para el 26 de enero, la aplicación de medidas cautelares por instrucciones del cardenal Aguiar Retes era un hecho para impedir al canónigo Olvera cualquier acción jurídica o actividad legal sobre presuntos “bienes eclesiásticos”. El panorama cambiaba radicalmente.
En esto pesa la sospecha sobre el arzobispado de México que, precisamente, solicitaba una investigación amañada para concluir que la naturaleza del inmueble era distinta a la civil. En el colmo, el vicario general desestima los procedimientos civiles para afirmar que la investigación canónica de Celaya determinaría “desde el punto de vista canónico”, a quién correspondería la titularidad, propiedad y posesión de dicho bien eclesiástico que será realizada por el Obispo de Celaya o su delegado.
Torciendo el derecho, el vicario general de la arquidiócesis de México temerariamente insiste en que el inmueble es un bien eclesiástico cuando la autoridad determinó que es un asunto entre personas físicas en el ámbito del derecho civil. Ni siquiera el obispado de Celaya tendría interés legítimo alguno.
En tanto no se dieran las conclusiones del veredicto diocesano (al cual jamás tuvo acceso el padre Olvera Delgadillo) por instrucciones de su Eminencia Cardenal Carlos Aguiar Retes y en virtud de las facultades ordinarias de las que gozo (Es decir, Enrique Glennie), vista la solicitud del Vicario General de la Diócesis de Celaya, Daniel Huerta Ibáñez, se dictaba la sentencia de medidas cautelares sobre el padre Olvera Delgadillo. En caso de no cooperar, quedaría apercibido de ser sancionado con una pena justa y además de la imposición de medidas cautelares complementarias ¿Cuáles? Aquí el nivel de arbitrariedad cuando el documento concluye: “Te recuerdo además que, como clérigo, debes mostrar respeto al Romano Pontífice y a tu ordinario en término del c. 273”.
Acosos, abusos y amenazas del Arzobispado
El camino de este pleito no ha transitado por la racionalidad de la autoridad y más bien por las tortuosidades del amago, la denigración, el desprestigio, la presunción de culpabilidad, el abuso de poder y el arremetimiento contra la buena fama del canónigo propias de células de la mafia al borde de impedir el elemental derecho humano a la asistencia de un defensor.
Reuniones informales y extralegales confirmarían cómo se ha llegado a tal nivel que el abusador hace uso de lo que mejor tiene: la prepotencia. El 22 de marzo, el padre Olvera Delgadillo sostuvo una irregular reunión con el vicario general y el canciller de la curia del arzobispado de México, Alán Téllez Gutiérrez.
Lejos de ser una amigable composición, ahí se confirmó lo que es el estilo de este arzobispado, el poder del autoritarismo por encima del diálogo racional y jurídico. Habría un “proceso canónico” con penas severas con termino perentorio en semana santa de no acatar las órdenes del cardenal Aguiar Retes. Incluso el canciller curial Téllez Gutiérrez amagó con usar su artificiosa fe pública - que para el Estado mexicano es equivalente a la nada- para armar un acta en contra el canónigo. El naufragio era evidente.
La conclusión al embrollo provocado por el obispo de Celaya, los hermanos Amézquita Velasco, Octaviana Méndez, Enrique Glennie Graue, Alán Téllez Gutiérrez y el arzobispo Primado de México echaría mano de una gravísima acción propia de quienes dicen ser jueces a los que nadie puede recusar. Aquí los amagos dirigidos el 23 de marzo en típica acción furibunda característica del vicario general: Te solicito que consideres con atención la situación de gravedad que se ha originado en la Diócesis de Celaya, la percepción que los medios de comunicación de dicha localidad tienes respecto de tu persona y el escándalo que se ha causado entre los fieles de dicha Diócesis…
Más adelante señala: De igual forma, se solicita te disculpes por escrito con el Obispo de la Diócesis de Celaya por cualquier actividad que de tu parte haya generado escándalo entre los fieles de su Diócesis… Esta letanía era la forma última de presión para ceder el inmueble como bien eclesiástico. De no lograrse habría entonces consecuencias fatales: “En el caso de que no cumplas con lo requerido antes del inicio de la Semana Santa, es decir antes del sábado 13 de abril, el Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes iniciará un procedimiento de remoción del oficio de canónigo que actualmente detentas, por una causa justa, consistente en el escándalo que has causado entre los fieles y autoridades eclesiásticas de la Diócesis de Celaya así como la eventual notificación a la Santa Sede de los hechos ocurridos”.
Y aquí más elementos que evidencian el abuso de poder de Carlos Aguiar Retes. No obstante, el procedimiento de remoción, sin mediar ningún recurso, acción, planteamiento o hipótesis, el verdugo sólo se atiene a asestar el hachazo: La imposición de “un precepto penal para cumplir todo lo señalado” ¿Cuál y bajo qué fundamento? No se dice. Y si al lector le parece poco, viene un segundo golpe: “En caso de no hacerlo, se te impondrá una pena justa de conformidad con la legislación canónica” ¿Esta es la equidad canónica? ¿Así se hace posible la ley suprema de la Iglesia que es la salvación de las almas?
Contra toda lógica de derecho, el abuso de poder
El examen del caso de mérito exhibe la desafortunada situación de prepotencia eclesiástica. De muchas irregularidades se desprenden muchas preguntas. El inmueble no es del patrimonio eclesiástico, eso es notoriamente evidente y sólo exhibe el uso faccioso al que pretenden inducir los implicados como una falsa causa justa del obispo de Celaya.
Más allá del presunto conflicto patrimonial azuzado por ese obispado, arrastrar a la arquidiócesis de México hace cuestionar sobre la posibilidad de inmorales e ilícitas colusiones destapando el uso a modo de la autoridad que manipula el derecho de forma intimidante. Consta que, por instrucciones del cardenal Carlos Aguiar, las amenazas se ciernen por encima de la seguridad jurídica y a la vulneración de la presunción de inocencia de un ciudadano a quien la ley le ha dado razón. El derecho y la ley no es a gusto ni para complacer voluntades corruptas.
Peor aún, el cardenal Aguiar, su vicario general y el canciller de la curia tienen una franca inclinación por los defraudadores que están incitando al odio y al descrédito dándoles a ellos el beneficio de la duda. Su justificación es el escándalo, pero todo este sistema está provocando un escándalo más grave. Juan de Dios Olvera es víctima de amagos, amenazas, blanco de severas sanciones infundadas demostrando que la ley canónica se manipula en favor del superior para sostener el abuso. Secrecía, documentos amañados e intimidantes, poner al derecho canónico por encima del derecho civil nacional, emisarios y cómplices para sustraerse del imperio de la ley… Este caso destapa cómo las instituciones eclesiásticas y curiales son usadas a modo, tremendas irregularidades abusivas contrarias a los elementales derechos humanos de las personas al interno de la institución.
Lo que venía a ser un asunto resuelto de derecho, para el arzobispo primado y su gente no lo era. El padre Olvera Delgadillo dirigiría infecundos escritos a su superior, el cardenal Aguiar, quien ordenaría de palabra el distanciamiento del canónigo incluso impidiéndole concelebrar con él.
En un diligente documento, trató de explicarle la situación del caso revelando el caso de despojo, el abuso de Octaviana y de cómo las amañadas propuestas del vicario general de la arquidiócesis de México tendrían serias consecuencias jurídicas en caso de ser aceptadas.
Como se verifica en esos papeles a los medio de comunicación han tenido amplio acceso, el camino sembrado de irregularidades constituirían un tremendo fraude incluso engañando a los fieles de Juventino Rosas. El padre Juan de Dios Olvera solicitó audiencia directa al obispo de Celaya como consta en documento recibido el 22 de diciembre de 2018 por el padre Gilberto Arco de Catedral de Celaya, nada se ha respondido a los escritos formulados.
Padre Juan de Dios Olvera trata de defenderse
A pesar de los acercamientos, los amagos fueron consumados. Para el 26 de enero, la aplicación de medidas cautelares por instrucciones del cardenal Aguiar Retes era un hecho para impedir al canónigo Olvera cualquier acción jurídica o actividad legal sobre presuntos “bienes eclesiásticos”. El panorama cambiaba radicalmente.
En esto pesa la sospecha sobre el arzobispado de México que, precisamente, solicitaba una investigación amañada para concluir que la naturaleza del inmueble era distinta a la civil. En el colmo, el vicario general desestima los procedimientos civiles para afirmar que la investigación canónica de Celaya determinaría “desde el punto de vista canónico”, a quién correspondería la titularidad, propiedad y posesión de dicho bien eclesiástico que será realizada por el Obispo de Celaya o su delegado.
Torciendo el derecho, el vicario general de la arquidiócesis de México temerariamente insiste en que el inmueble es un bien eclesiástico cuando la autoridad determinó que es un asunto entre personas físicas en el ámbito del derecho civil. Ni siquiera el obispado de Celaya tendría interés legítimo alguno.
En tanto no se dieran las conclusiones del veredicto diocesano (al cual jamás tuvo acceso el padre Olvera Delgadillo) por instrucciones de su Eminencia Cardenal Carlos Aguiar Retes y en virtud de las facultades ordinarias de las que gozo (Es decir, Enrique Glennie), vista la solicitud del Vicario General de la Diócesis de Celaya, Daniel Huerta Ibáñez, se dictaba la sentencia de medidas cautelares sobre el padre Olvera Delgadillo. En caso de no cooperar, quedaría apercibido de ser sancionado con una pena justa y además de la imposición de medidas cautelares complementarias ¿Cuáles? Aquí el nivel de arbitrariedad cuando el documento concluye: “Te recuerdo además que, como clérigo, debes mostrar respeto al Romano Pontífice y a tu ordinario en término del c. 273”.
Acosos, abusos y amenazas del Arzobispado
El camino de este pleito no ha transitado por la racionalidad de la autoridad y más bien por las tortuosidades del amago, la denigración, el desprestigio, la presunción de culpabilidad, el abuso de poder y el arremetimiento contra la buena fama del canónigo propias de células de la mafia al borde de impedir el elemental derecho humano a la asistencia de un defensor.
Reuniones informales y extralegales confirmarían cómo se ha llegado a tal nivel que el abusador hace uso de lo que mejor tiene: la prepotencia. El 22 de marzo, el padre Olvera Delgadillo sostuvo una irregular reunión con el vicario general y el canciller de la curia del arzobispado de México, Alán Téllez Gutiérrez.
Mons. Enrique Glennie Graue
La conclusión al embrollo provocado por el obispo de Celaya, los hermanos Amézquita Velasco, Octaviana Méndez, Enrique Glennie Graue, Alán Téllez Gutiérrez y el arzobispo Primado de México echaría mano de una gravísima acción propia de quienes dicen ser jueces a los que nadie puede recusar. Aquí los amagos dirigidos el 23 de marzo en típica acción furibunda característica del vicario general: Te solicito que consideres con atención la situación de gravedad que se ha originado en la Diócesis de Celaya, la percepción que los medios de comunicación de dicha localidad tienes respecto de tu persona y el escándalo que se ha causado entre los fieles de dicha Diócesis…
Más adelante señala: De igual forma, se solicita te disculpes por escrito con el Obispo de la Diócesis de Celaya por cualquier actividad que de tu parte haya generado escándalo entre los fieles de su Diócesis… Esta letanía era la forma última de presión para ceder el inmueble como bien eclesiástico. De no lograrse habría entonces consecuencias fatales: “En el caso de que no cumplas con lo requerido antes del inicio de la Semana Santa, es decir antes del sábado 13 de abril, el Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes iniciará un procedimiento de remoción del oficio de canónigo que actualmente detentas, por una causa justa, consistente en el escándalo que has causado entre los fieles y autoridades eclesiásticas de la Diócesis de Celaya así como la eventual notificación a la Santa Sede de los hechos ocurridos”.
El cardenal de México más interesado en las cosas materiales
Y aquí más elementos que evidencian el abuso de poder de Carlos Aguiar Retes. No obstante, el procedimiento de remoción, sin mediar ningún recurso, acción, planteamiento o hipótesis, el verdugo sólo se atiene a asestar el hachazo: La imposición de “un precepto penal para cumplir todo lo señalado” ¿Cuál y bajo qué fundamento? No se dice. Y si al lector le parece poco, viene un segundo golpe: “En caso de no hacerlo, se te impondrá una pena justa de conformidad con la legislación canónica” ¿Esta es la equidad canónica? ¿Así se hace posible la ley suprema de la Iglesia que es la salvación de las almas?
Contra toda lógica de derecho, el abuso de poder
El examen del caso de mérito exhibe la desafortunada situación de prepotencia eclesiástica. De muchas irregularidades se desprenden muchas preguntas. El inmueble no es del patrimonio eclesiástico, eso es notoriamente evidente y sólo exhibe el uso faccioso al que pretenden inducir los implicados como una falsa causa justa del obispo de Celaya.
Más allá del presunto conflicto patrimonial azuzado por ese obispado, arrastrar a la arquidiócesis de México hace cuestionar sobre la posibilidad de inmorales e ilícitas colusiones destapando el uso a modo de la autoridad que manipula el derecho de forma intimidante. Consta que, por instrucciones del cardenal Carlos Aguiar, las amenazas se ciernen por encima de la seguridad jurídica y a la vulneración de la presunción de inocencia de un ciudadano a quien la ley le ha dado razón. El derecho y la ley no es a gusto ni para complacer voluntades corruptas.
Peor aún, el cardenal Aguiar, su vicario general y el canciller de la curia tienen una franca inclinación por los defraudadores que están incitando al odio y al descrédito dándoles a ellos el beneficio de la duda. Su justificación es el escándalo, pero todo este sistema está provocando un escándalo más grave. Juan de Dios Olvera es víctima de amagos, amenazas, blanco de severas sanciones infundadas demostrando que la ley canónica se manipula en favor del superior para sostener el abuso. Secrecía, documentos amañados e intimidantes, poner al derecho canónico por encima del derecho civil nacional, emisarios y cómplices para sustraerse del imperio de la ley… Este caso destapa cómo las instituciones eclesiásticas y curiales son usadas a modo, tremendas irregularidades abusivas contrarias a los elementales derechos humanos de las personas al interno de la institución.
Miembros de la Gaceta de Guanajuato, atacan constantemente al Padre Olvera
¿Qué intereses tiene Aguiar Retes en Celaya?
Mons. Benjamín Castillo está al límite de su encargo. En este año cumplirá 74 y se asoma el fin de su gobierno episcopal. Quizá Juan de Dios Olvera es un obstáculo incómodo para el cardenal Aguiar en lo que podría ser su próxima acción para influir en la designación del nuevo obispo de Celaya, una diócesis con importantes remesas de migrantes y a la que el obispo le debe cuentas claras sobre la aplazada construcción de la catedral que avanza a cuentagotas con un importante retraso… ¿No debería el obispo Castillo atender lo que no ha podido resolver?
Tampoco hay que olvidar que bajo esa jurisdicción está la nada despreciable parroquia de San Miguel Arcángel en San Miguel de Allende del Estado de Guanajuato. Hasta Celaya pueden extenderse los tentáculos de la ambición.
La exhibición de las pruebas no deja lugar a dudas. ¿Qué garantías tienen los sacerdotes y fieles de una arquidiócesis que se mueve en el nivel de las amenazas disfrazadas de argumentos legaloides? ¿Cuántos han sufrido semejantes atropellos? ¿Para qué aliarse con defraudadores usando a los medios de comunicación al servicio de la mentira? ¿A qué le tiran los hermanos Amézquita usando los medios de comunicación para calumniar e incitar al odio? ¿Intereses patrimoniales de por medio?¿Hasta dónde llega el nivel de impunidad de un obispo, un cardenal y sus cómplices al usar las instituciones como maquinaria de opresión operando por encima de la ley que ellos deben obedecer sin pretexto alguno?
¿Carlos Aguiar Retes, Enrique Glennie Graue y Alán Téllez Gutiérrez habrán medido las consecuencias de sus actos que podrían bordear los linderos de la responsabilidad civil y de los ilícitos por acciones que lesionarían los derechos humanos y las garantías de un subordinado?¿Quién defiende los justos derechos y garantías de los sacerdotes frente al abuso de los prepotentes ante iracundas reacciones de los funcionarios curiales y superiores? ¿Acaso porque el cardenal es el último recurso del influyentismo para detonar acciones por cauces políticos para simular el derecho y así acabar de una vez por todas con el canónigo Olvera Delgadillo?
Quizá otros sacerdotes al enterarse del caso están teniendo el mismo sentimiento de impotencia y coraje. Una cosa es cierta, la mejor arma del abusador es el silencio de quien sufre el abuso. Mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad.
Esto no es menor. Un cardenal arzobispo, el obispo de Celaya, los religiosos implicados, un manipulador de medios, el canciller de la Arquidiócesis de México y vicarios generales de los respectivos obispados pretenden saltarse la ley, a la cual estamos todos sometidos, misma que ha dado la razón a un ciudadano, le pese a quien le pese.
Tampoco hay que olvidar que bajo esa jurisdicción está la nada despreciable parroquia de San Miguel Arcángel en San Miguel de Allende del Estado de Guanajuato. Hasta Celaya pueden extenderse los tentáculos de la ambición.
La exhibición de las pruebas no deja lugar a dudas. ¿Qué garantías tienen los sacerdotes y fieles de una arquidiócesis que se mueve en el nivel de las amenazas disfrazadas de argumentos legaloides? ¿Cuántos han sufrido semejantes atropellos? ¿Para qué aliarse con defraudadores usando a los medios de comunicación al servicio de la mentira? ¿A qué le tiran los hermanos Amézquita usando los medios de comunicación para calumniar e incitar al odio? ¿Intereses patrimoniales de por medio?¿Hasta dónde llega el nivel de impunidad de un obispo, un cardenal y sus cómplices al usar las instituciones como maquinaria de opresión operando por encima de la ley que ellos deben obedecer sin pretexto alguno?
¿Carlos Aguiar Retes, Enrique Glennie Graue y Alán Téllez Gutiérrez habrán medido las consecuencias de sus actos que podrían bordear los linderos de la responsabilidad civil y de los ilícitos por acciones que lesionarían los derechos humanos y las garantías de un subordinado?¿Quién defiende los justos derechos y garantías de los sacerdotes frente al abuso de los prepotentes ante iracundas reacciones de los funcionarios curiales y superiores? ¿Acaso porque el cardenal es el último recurso del influyentismo para detonar acciones por cauces políticos para simular el derecho y así acabar de una vez por todas con el canónigo Olvera Delgadillo?
Quizá otros sacerdotes al enterarse del caso están teniendo el mismo sentimiento de impotencia y coraje. Una cosa es cierta, la mejor arma del abusador es el silencio de quien sufre el abuso. Mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad.
Esto no es menor. Un cardenal arzobispo, el obispo de Celaya, los religiosos implicados, un manipulador de medios, el canciller de la Arquidiócesis de México y vicarios generales de los respectivos obispados pretenden saltarse la ley, a la cual estamos todos sometidos, misma que ha dado la razón a un ciudadano, le pese a quien le pese.
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