Universidades españolas investigan casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universidad de Barcelona (UB) y la del País Vasco participan en un estudio para investigar posibles casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. El investigador y director del Programa de Criminología de la UOC, Josep María Tamarit, es el coordinador del estudio "más ambicioso que se ha hecho hasta ahora en España sobre abusos sexuales en el seno de la iglesia española", ha informado la UOC.

Josep María Tamarit, coordinador del estudio

Se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, en el que la UOC coordina el plan de investigación de los tres equipos universitarios durante tres años (2018-2020), asume la revisión documental de las publicaciones existentes sobre el tema en el ámbito internacional y una investigación sobre el Centro de Arbitraje de Bélgica, entre otros estudios basados en entrevistas a víctimas y representantes de la Iglesia católica.

Teléfono directoDe momento, los investigadores de la UB han habilitado el número de teléfono 603 355 800 para que las personas interesadas puedan ofrecer su testimonio, ha avanzado la UOC. Uno de los objetivos de la investigación es identificar qué factores de riesgo se relacionan con la vida en las comunidades religiosas y la actitud ante el celibato y el estado clerical, por lo que una de las líneas de investigación consiste en un estudio a partir del testimonio de personas que estuvieron internadas en seminarios hasta 1965.

A la dificultad de "decidirse a denunciar de las posibles víctimas", se debe añadir "la poca colaboración" de la Iglesia Católica en este tipo de investigaciones, ha constatado la UOC. Sobre este punto, el experto ha añadido que en algunos países la iglesia "se ha implicado para dar respuesta a las denuncias", e incluso "se ha responsabilizado" de los abusos, y ha lamentado que en España "ni el Estado ni la administración en general hayan llevado a cabo actuaciones decididas para hacer frente al problema de abusos sexuales que va surgiendo en el seno de la Iglesia Católica".

Delitos prescritos
Ante la posibilidad de que la mayoría de estos abusos "hayan prescrito", Josep María Tamarit ha propuesto la creación de un "órgano parajudicial temporal estatal con la implicación de la Iglesia", en el que las víctimas de delitos prescritos "puedan pedir un reconocimiento del hecho y obtener una reparación moral y económica". Las consecuencias de este tipo de abuso sexual "son graves", según Tamarit, que ha añadido que en muchos casos, "las víctimas sufren depresión, baja autoestima y dificultades para hacer frente a aspectos importantes de la vida".

Un aspecto singular de este tipo de abuso "es la traición de la confianza espiritual" que, según el experto, "puede tener un impacto profundo en personas muy religiosas", ya que "son las que tienen un mayor riesgo de ser víctimas del proceso de manipulación". En algunos casos, la reacción de estas personas ha sido "una actitud de rechazo contra la Iglesia, pero muchas víctimas esperan por parte de la misma una respuesta que les permita preservar su fe", ha añadido Tamarit.

Ex-seminaristas piden para el cura Ramos Gordón "una condena real" y no "unas vacaciones en un monasterio" (España)

Alrededor de treinta ex-seminaristas se han concentrado el sábado pasado al mediodía en Astorga (León) para pedir la excomunión de José Manuel Ramos Gordón, condenado por abusos sexuales a menores y apartado del sacerdocio por una sentencia canónica de 10 años fuera del ministerio sacerdotal. Además, los concentrados, en su mayoría ex-alumnos del Seminario Menor de La Bañeza (León), han reclamado un castigo para los encubridores y cómplices de dichos delitos.

Durante la concentración frente a la plaza Obispo San Marcelo de la capital maragata se ha leído un manifiesto en el que los asistentes han recordado que llevan dos años reclamando justicia al obispo de la Diócesis de Astorga, monseñor Juan Antonio Menéndez, para que nadie relacionado con abusos a menores, ya sea como autor o encubridor, quede impune. Además, han criticado la decisión de la Conferencia Episcopal de nombrar al obispo de Astorga como presidente de la Comisión constituida en el seno de Iglesia para luchar contra los abusos sexuales al considerar que no está acreditado su compromiso en este causa.

José Ramos Gordón denunciado por abusos sexuales

Han exigido una "condena real" para José Manuel Ramos Gordón y no "unas vacaciones en un monasterio", y han anunciado que harán llegar al Papa Francisco su propuesta de que sea excomulgado. Ramos Gordón, de 65 años, ha recurrido la sentencia de diez años de suspensión de su ministerio que le impuso la Congregación de la Doctrina de la Fe al considerar probados los abusos sexuales denunciados por un exalumno del Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora). El cura, que previamente había sido hallado culpable en otro caso de abusos en el seminario de La Bañeza (León), reside actualmente en la casa sacerdotal de Astorga a la espera de la resolución de su recurso.

Obispo de Astorga (España) anunciando la sentencia para cura abusador

Este caso provocó que el nombramiento del obispo de Astorga como presidente de la comisión que creará la Iglesia Católica para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores fuera acogido con recelo por víctimas y otros colectivos, ya que achacan al prelado que en cierta medida pudo encubrir los abusos.

Los hechos en Puebla de Sanabria fueron cometidos entre 1981 y 1984 y se desvelaron después de que un exalumno denunciase en febrero del pasado año que había sido víctima de abusos cometidos por el sacerdote ahora apartado de sus funciones. El obispo de Astorga recalcó entonces que, aunque sean delitos que han prescrito civil y canónicamente, ordenó personalmente una investigación "exhaustiva" y dio cuenta de ello a la Santa Sede.

La sanción impuesta fue criticada tanto por víctimas como por diversos colectivos que exigían a la Iglesia más dureza e incluso su expulsión. Más polémica generó la sanción de un año impuesta a este mismo sacerdote por otros casos de abusos cometidos en el seminario de La Bañeza, de los que fueron víctimas casi una treintena de alumnos.

El colectivo de víctimas de La Bañeza criticaron el nombramiento de Menéndez, al que acusan de encubrir lo sucedido y de negar las indemnizaciones solicitadas. Frente a estas críticas, la Diócesis de Astorga ha defendido la elección de Menéndez, tal y como ha considerado la Conferencia Episcopal Española, que es el órgano que ha tomado la decisión.

Ha negado que el obispo de Astorga haya encubierto casos de abusos, especialmente el que se cometió en La Bañeza, y ha recordado que no ha silenciado nada porque no ha podido hacerlo, ya que solo lleva tres años en la Diócesis. Por otra parte, ha precisado que en todo momento actuó por órdenes de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que "todo ha venido de Roma", ya que la Diócesis no ha intervenido ni en la instrucción de la causa ni en las sanciones impuestas.

Juan Cuatrecasas: "Gaztelueta y, por ende, el Opus Dei, tienen un pederasta en sus filas"

Ante la difusión de unos comunicados por parte del colegio Gaztelueta y de su actual director Imanol Goyarrola, en los que según ellos se hace una valoración del proceso judicial y de la sentencia del caso Gaztelueta, expuesta esta por tres magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia, rollo penal ordinario 37/16, celebrado desde el Procedimiento Sumario 640/15 del Juzgado de Instrucción 5 de Getxo, la familia de la víctima desea manifestar lo que sigue a continuación:

Padre de la víctima de abuso en el Colegio Gaztelueta

La familia Cuatrecasas a diferencia del Colegio Gaztelueta y su director, sí cree en el Estado de Derecho y por lo tanto sabe acatar las sentencias que dictan los jueces. Acatar una sentencia no es baladí porque supone aceptar voluntariamente una decisión judicial, en este caso el auto de cierre de la instrucción, los informes de cuatro peritos facultativos judiciales y el informe de una psiquiatra de la red pública vasca, no de parte, tres informes de otros tantos facultativos de parte presentes en el juicio, además de la definitiva de los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Bizkaia. Acatar una sentencia supone reconocer y respetar la autoridad y está claro que ni Goyarrola, ni Gaztelueta lo hacen pese a que afirmen lo contrario. Al parecer no conocen el significado exacto del verbo acatar.

El Estado social y democrático de Derecho tampoco es baladí. El concepto en sí mismo engloba unos principios y valores que algunos padres y madres intentan, intentamos, transmitir a sus hijos, primero en casa y después eligiendo un centro escolar para sumar esfuerzos y conocimientos en aras a su formación y crecimiento físico, psicológico y espiritual. Cuando estos padres eligieron Gaztelueta no llegaron a imaginar todo lo vivido, acontecido y sufrido, sí sufrido, durante todos estos últimos años y aún en el presente,a pesar de una contundente, basada y razonada sentencia condenatoria dictada por un tribunal de tres magistrados de la APB y avalada en juicio público con variadas pruebas y múltiples contradicciones de los testigos de la defensa, además de por los criterios profesionales de varios peritos de reconocida capacidad y prestigio.

Página Web creada por el Colegio Gaztelueta para defenderse de la denuncia 

Aquella elección supone hoy en día una de las más tristes decisiones tomadas y representa un episodio siniestro que aunque intentemos borrar de la memoria, no será fácil por no decir imposible, eliminar. Un hijo es lo más sagrado que tiene una familia, es el futuro vital, la prolongación de tu vida, la proyección que una sociedad civilizada pretende.

El lema fundacional de Gaztelueta, "sea tu si, si, sea tu no, no" ya suficientemente denigrado durante estos últimos años de cambios de criterio por parte de su director, de elucubraciones, tergiversaciones, ocultaciones voluntarias, mentiras, patético falso victimismo, intereses creados, proselitismo, falsedades en cadena, narcisismo, insoportable levedad directiva, síndrome de la avestruz y ahora negación de la realidad objetiva y por sí fuera poco, maltrato y doble victimización continuada e inagotable de uno de sus antiguos alumnos, víctima de abusos continuados y de agresiones sexuales, perpetrados por uno de sus docentes entre los muros del centro y en la cobarde soledad de un despacho, ha quedado definitivamente destrozado, tras impactar contra el suelo y romperse en mil pedazos.

Creemos reconocer en la actitud del colegio y su director, tras la obra triste de teatro interpretada por fascículos durante todos estos años con el increíble, inédito e inaudito epílogo del otro día, un mensaje de consumo interno para sus fieles, para miembros de la organización religiosa que les protege y promociona, una patada a la víctima y a su familia, que no ha pasado desapercibida y sí denunciada y condenada social y públicamente por prensa, medios de comunicación y ciudadanía bilbaína, vizcaína, vasca, española e incluso en muchos casos europea e internacional.

El espectáculo del otro día en Gaztelueta confirma la falta de criterio de todos los responsables del centro, cuando hablamos de su presunta tolerancia cero con respecto a los abusos sexuales a menores. Negar las evidencias de una sentencia condenatoria contra uno de sus profesores, alegar falta de pruebas más allá de un simple testimonio acusador, el de la víctima del caso Gaztelueta, afirmar que todos los testimonios de los testigos de la defensa han sido incorrectamente reflejados en la sentencia en base a supuestos y no reales, fabulación pura y dura cuando no surgida de una indeleble mala fe, errores de transcripción, resulta una infantil cuando no bochornosa manera de intentar engañar y falsear la realidad objetiva, la que todos los que asistimos al juicio, pudimos comprobar in situ.

La propia lectura de la sentencia, denominada ya como ejemplarizante por multitud de profesionales del derecho, la psicología y psiquiatría y la comunidad científica y jurídica de este país, derriba uno a uno los tristes y perversos argumentos de Imanol Goyarrola y "su" colegio. Uno a uno, sin excepción. Incluso la propia lectura de la sentencia, por cierto no incluida en lareluciente aunque inconsistente y ofensiva web planteada por el colegio, pocos días antes de empezar el juicio, afirma sin duda y con meridiana contundencia que ellos, los responsables del colegio, ni actuaron con la diligencia debida, aplicable a estos delitos, ni mostraron un proceder del que puedan sentirse orgullosos. Más bien su actitud fue negligente y digna de personas carentes de los niveles de responsabilidad que debe acreditar el cuadro directivo de cualquier centro escolar, con independencia de su línea religiosa o seglar.

Los intentos de Goyarrola y de las dos personas que le dieron escolta el otro día durante su comparencia ante los medios por negar la realidad nos resultan gravemente ofensivos, malévolos, crueles e incluso siniestros. Consideramos que si bien llegamos a creer en un reconocimiento público y expreso, una petición de perdón sincera y expresa y una reparación moral de la víctima, por parte de Goyarrola y el colegio hacia la víctima, tras esa impecable y contundente sentencia, ahora ya es tarde.

Sabe Imanol que esta familia lleva pidiendo eso desde el año 2011. Y sabe que en todo este tiempo ni él ni nadie relacionado con Gaztelueta ha estado a la altura debida, la del respeto a la dignidad de una víctima de abusos y agresiones sexuales. Por el contrario se han dedicado una y otra vez a la cruel doble, triple y cuádruple victimización, sin importarles más que el supuesto aunque ya denostado buen nombre del colegio. Porque estamos seguros a estas alturas que ni siquiera le importa el profesor condenado, solamente negar la evidencia ya reconocida por la APB y por la mayor parte de esta sociedad, de que Gaztelueta y por ende, el Opus Dei, tienen un pederasta en sus filas.

José María Martínez Sanz, un numerario del Opus Dei, condenado a 11 años

El enemigo no es la víctima, tampoco sus padres. El enemigo son quienes desde dentro de este colegio, el Opus Dei y todos quienes han puesto palos en la rueda de la auténtica víctima del Caso Gaztelueta, el alumno menor de edad, acosado, abusado y agredido, pretenden negar la realidad que una casi inapelable sentencia de 70 folios ha dejado clara. Porque la verdad fluye y por contra, mantener y defender una terrible y cruel mentira por un grupo más o menos amplio de personas, es un trabajo demasiado complejo y como ha quedado probado, inviable e imposible. Ese ha sido y sigue siendo el error del colegio y sus responsables, menospreciar a la víctima y su familia, buscar silencio y ocultación en vez de justicia y verdad, urdir una torpe trama alrededor de quienes debieron ser protegidos y sin embargo fueron humillados, vejados y hasta sometidos a una denigrante conspiración de silencio. Porque nadie en esa comunidad escolar ha sabido en todo este tiempo estar a la altura de las circunstancias.

Por último queremos repetir hasta la saciedad que en un Estado de Derecho las sentencias no las dicta Goyarrola, tampoco algún presunto erudito de la Universidad de Navarra con ansias literarias, menos aún el Opus Dei o la entidad Gaztelueta. Incluso no las dicta una extraña fiscalía, Ministerio Público alejado de la víctima y complaciente con el victimario, o un tramposo delegado apostólico bienvenido en Gaztelueta a los sones de un pésimo remake de Bienvenido Mister Marshall y que previamente se disfrazó de tahúr para interrogar al peor estilo, no pastoral o sacerdotal, sino policial de pasadas y superadas épocas dictatoriales, a la víctima y a su padre. Las sentencias en un Estado de Derecho las dictan los jueces, en base no solo a testimonios, ni a la palabra de uno contra la del otro. Las dictan razonadas, basadas, con criterios jurídicos sólidos y argumentos y hechos probados. Lo otro, lo que pretenden Goyarrola y su colegio es propio de otras épocas, aquellas en las que el colegio se fundó.

Imanol Goyarrola, director del Colegio Gaztelueta, defiende al condenado

En otro orden de cosas queremos repetir y lo haremos en el futuro las veces que sea preciso que las víctimas de abusos y agresiones sexuales no cuentan sus terribles experiencias cuando quieren, cuentan cuando pueden. Algo que como recoge la sentencia acreditan con acierto los jueces, pese a la ignorancia de la defensa del condenado y el fiscal, pese a los burdos intentos del propio Goyarrola en su insolente comunicado de convencernos de lo contrario, como si el relato de una de estas víctimas fuera cuestión de simple voluntad y no de capacidad.

Nos cabe por último pedir de modo urgente e inapelable que el Opus Dei, ese ente hasta ahora etéreo, no personado en la causa de modo oficial, que patrocina el colegio, tome cartas en el asunto que nos ocupa, ofende gravemente y preocupa y lo haga sin miedo a presuntas buenas o malas famas, a intereses propios bañados por insulsas caducas moralidades o a defensas inapropiadas de lo indefendible.

Gaztelueta en manos de sus actuales responsables, ha quedado claro para la inmensa mayoría de la ciudadanía, no tiene presente y futuro, por el ansía desmedida de tapar la verdad, blindar su mentira y vivir alejados de la realidad, en una huida hacia delante patéticamente desplegada. Sus manejos han quedado expuestos a los ojos imparciales de la gran mayoría de los ciudadanos, con independencia de su condición, que vieron entre estupor y lógico enojo, la pobre escenificación de la falacia, el compromiso y la alianza con el ridículo y una expresión dañina de maltrato a una víctima y su familia.

La lucha de un padre por justicia para su hijo

Del mismo modo hacemos un llamamiento al Obispo de Bilbao, a la jerarquía eclesiástica española y por supuesto a la Iglesia Vaticana, para que de un modo urgente e inaplazable recuperen el buen nombre de la víctima, desacreditado por ellos en el pasado en aras a un equivocado reconocimiento del nombre, hoy en día condenado, del docente agresor y abusador. Que procedan a su reconocimiento público y expreso y a su reparación y protección, con las perceptivas medidas de acompañamiento.

Así mismo queremos trasladar al Departamento de Educación del Gobierno Vasco la reflexión siguiente : ¿es correcto y saludable permitir que un colegio religioso concertado y plasmado bajo la filosofía de la educación diferenciada, reciba subvenciones cuando ha quedado acreditado en una sentencia emanada del criterio jurídico, lógico e imparcial de tres magistrados de la APB, que no cumplieron con sus obligaciones respecto a una víctima de acoso, abusos y agresiones sexuales y no contentos con ello y tras hacerse pública la decisión judicial se permite la licencia en boca de su director de intentar falsear la verdad, despreciar a la justicia y seguir maltratando a la víctima sin vergüenza, rubor y vulnerando el Estatuto de la Víctima aprobado en 2015 de modo grave y con una, en mi opinión, más que evidente incitación al odio?.

Esta familia ya no podrá olvidar todo el dolor causado, todas las impertinentes negligencias, todas y cada una de las difamaciones e insultos vertidas durante años contra el joven, su madre y su padre. No olvidará y tampoco nos podrán pedir que perdonemos los grotescos, chulescos y miserables comportamientos de quienes saben, pese a la cobarde y psicótica negación de la evidente realidad, esa realidad compartida con nosotros por todos los ojos que quieren ver, oídos que quieren oír y escuchar y mentes que quieren y pueden pensar libremente sin sometimientos irracionales a un sectarismo, que aleja al ser humano de la diligencia intelectual y que lo convierte en un instrumento al servicio del fanatismo y la mentira, que el único problema de mi hijo fue toparse con un siniestro individuo, hoy en día condenado, que lo maltrató sin piedad, con cobardía y crueldad, rompiendo la inocencia de un menor, con el posterior consentimiento y una más que evidente complicidad de quienes aún siguen negando la mayor.

La verdad existe, sólo se inventa la mentira. Y solo la verdad, como bien dijo San Juan, os hará libres. Gaztelueta necesita, no creer a la víctima o al victimario. Gaztelueta necesita creer en la verdad. Y solo entonces, serán realmente libres. Goyarrola sin duda, lo sabe, aunque pretenda fingir que no, con gestos grandilocuentes y miradas perdidas, amparado en una nerviosa teatralidad que no le hace ningún bien, ni a él ni a su colegio. Hoy Gaztelueta tiene una indudable deuda con la verdad. Hoy Gaztelueta tras la sentencia y los impertinentes comunicados del pasado miércoles, vive para su desgracia, en un mundo paralelo, en una especie de paranoia, bucle de levedad humana que le empareja con la indolencia y le condena al ostracismo y el rechazo social.

La familia de "Asier" pide a la Fiscalía que estudie acciones legales contra el Colegio Gaztelueta (España)

La familia del joven víctima de abusos por un ex-profesor del Colegio vizcaíno de Gaztelueta ha pedido a la Fiscalía del País Vasco que estudie acciones contra este centro del Opus Dei por avalar la inocencia del docente, en contra de una sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia. Los padres de la víctima han ofrecido el hoy una conferencia de prensa en Haro (La Rioja), donde ahora residen, en respuesta al comunicado y la comparecencia el pasado jueves de los responsables del colegio.

Acusa al colegio del Opus de "generar alarma social" por avalar la inocencia de un condenado

Los dirigentes del Colegio del Opus Dei comparecieron ante los medios de comunicación después de que el condenado, nacido en Logroño, haya quedado en libertad provisional hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta causa, en la que el ex docente ha sido condenado a once años de prisión. "Las sentencias en un Estado de Derecho las dictan los jueces y, a la vista de lo expuesto, los portavoces del colegio Gaztelueta ni acatan, ni respetan, ni tampoco reconocen autoridad alguna", ha explicado el padre de la víctima, Juan Cuatrecasas.

Ha acusado al centro de generar "alarma social", ha reclamado que el Opus Dei, prelatura a la que pertenece el colegio, explique si avala las opiniones del centro y ha reprochado al obispo de Bilbao, Mario Iceta, que, "en el mejor de los casos, ha estado ausente" en este caso. Juan Cuatrecasas ha recalcado que, además de su petición al fiscal, la familia se reserva el derecho a emprender acciones judiciales contra el colegio, aunque cree que la comparecencia de sus dirigentes "da para que intervenga la Fiscalía, para empezar, por una humillación a la víctima".

Juan Cuatrecasas, padre de la víctima de abuso sexual del colegio del Opus Dei

Ha explicado que sus abogados estudian acciones legales porque creen que "en lo que se dijo desde el colegio hay varios tipos de delitos, el primero atacar a la víctima".Si emprenden esas medidas, no se plantean obtener un beneficio económico de esta causa. "Nunca lo hemos reclamado, una indemnización no nos sirve" y "hubiéramos pagado mucho más porque esto no ocurriera", ha recalcado. Cuatrecasas, que ha comparecido junto a su esposa, ha aludido a "ofensas graves" contra su hijo por los dirigentes del colegio, algo que sienta "un precedente de consecuencias incalculables" porque las víctimas "en vez de ser atacadas con crueldad, deberían ser protegidas, ayudadas y acompañadas".

La comparecencia de los dirigentes del Colegio Gaztelueta del Opus Dei fue, a su juicio, "un triste y patético espectáculo", y se ha preguntado si "hablaban con la autorización del Opus Dei, entidad de la que el condenado es numerario". Ha incidido en que "esta no es una causa contra esa entidad", pero "si en los próximos días no dicen lo contrario, entendemos que avalan la postura del colegio". Cuatrecasas ha acusado al obispo de Bilbao de "poner palos en la rueda" de la causa "con cobardía, nocturnidad y alevosía" y de tener "una actitud deleznable" ante sus denuncias.

Condenado por abuso sexual a un alumno del Colegio Gaztelueta

"Nuestro hijo, ha quedado demostrado, ni miente ni tiene un problema, como de un modo vil y execrable sugirió Imanol Goyarrola", director del Colegio Gaztelueta, ha asegurado. Cree que ni esa persona ni el resto de los dirigentes del colegio "están capacitados para seguir al frente de ninguna institución que afecte a la integridad y al desarrollo de la personalidad de niños y adolescentes". Por eso, también ha pedido al Gobierno vasco que "tome cartas en el asunto" y pida el cese de la dirección de Gaztelueta, aunque ha reconocido que las autoridades no tienen autoridad en un centro, que no es público, "pero quizá haya que exigir a todos los que reciben subvenciones que acaten la misma normativa".

"Gaztelueta (ha incidido) ha traspasado la frontera, ya no solo atacando a la víctima, sino defendiendo a un pederasta", a quien, según sus datos, le destinaron en un primer momento a un colegio de Australia y luego regresó a España. Pero tras la sentencia de la Audiencia, "lo que está claro es que no han conseguido nada, como dicen, porque el condenado solo está en libertad a la espera del fallo del Supremo", del que no espera que revoque la sentencia, "aunque, quizá, baje la pena", ha dicho. "Pero la sentencia de los magistrados de la Audiencia es dura y contundente y el recurso no afecta a los hechos probados", ha aclarado, "y a nosotros lo que nos importaba es que hubiera condena". A nivel personal, ha admitido que él, tras la comparecencia del colegio, sintió "rabia e ira incontenible" por "conocer una visión tan absurda".

Imanol Goyarrola, director del colegio Gaztelueta, defiende al abusador

Tras una década, su hijo, quien tenía doce y trece años cuando ocurrieron los hechos, ahora estudia en la universidad, pero "sigue con los síntomas propios de un shock por estrés postraumático" y "el juicio fue para él una recaída", aunque, "en realidad, lo que está es cansado de todo esto, como yo". Ha considerado que "ni mi hijo, ni cualquier otra víctima, con sus denuncias, jamás dañan a ningún centro, orden, asociación o institución", mientras que "quienes perjudican son quienes esconden, manipulan y faltan a la verdad y a la justicia".

Detenido en Venezuela un cura de origen español por abusar de una niña de 12 años

Un sacerdote de origen español fue detenido el pasado domingo por abusar sexualmente de una niña de 12 años en la ciudad venezolana de Maracaibo, al oeste del país, según han informado este miércoles las autoridades y la Iglesia católica. El hombre, Iván Merino Pedial, de 35 años, fue arrestado tras ser sorprendido con la menor en un vehículo estacionado en la vía pública, según un boletín de la Fiscalía. La víctima manifestó que el sacerdote abusaba de ella "desde hacía tres años", añadió el organismo.

Cura Iván Merino detenido por abusar de una menor de 12 años

El cura ha sido presentado a la prensa el miércoles de esta semana. Pertenece a la Orden de los Agustinos Recoletos y es vicario de una parroquia en Maracaibo, si bien ha sido apartado de su cargo por la archidiócesis de la zona, que ha condenado su conducta y ha pedido perdón "a la menor, a sus familiares y a toda la comunidad eclesial" por el daño sufrido. "Se prohíbe al padre Iván Merino el ejercicio del ministerio sacerdotal en la Archidiócesis de Maracaibo", expresó el arzobispo de Maracaibo, monseñor José Luis Azuaje, en un comunicado leído ante la prensa.

En una declaración a la policía filtrada en redes sociales, el prelado admitió su responsabilidad y se justificó. "Nos encariñamos, y una cosa llevó a la otra y sucedió eso, estábamos en el juego, en las caricias y una cosa llevó a la otra", sostuvo el religioso español.

Según el secretario de Gobierno del Estado de Zulia, Lisandro Cabello, existen indicios de "otras violaciones y otras víctimas". Cabello subrayó que el presbítero se aprovechó de la "cercanía con la coral de la iglesia" para cometer estos actos. "Este señor tenía denuncias en España, esas cosas ya habían dado señales (...) Venía siendo señalado en una iglesia de España y lo mandaron castigado para acá", cuestionó Cabello.

Eset cura ya había tenido denuncias en España y aun asi fue enviado a Venezuela

La Orden de los Agustinos, que dice haber conocido el arresto el mismo día en que se produjo, ha negado en un comunicado ese extremo: "Es absolutamente falso, como indican algunos medios, que haya habido acusaciones o denuncias de esta índole contra este religioso durante su permanencia en España". La orden religiosa ha manifestado también su rechazo y ha pedido disculpas: "Reprobamos y condenamos absolutamente la conducta impropia de este religioso [y] pedimos perdón públicamente a la víctima, a su familia, a la Iglesia y a toda la sociedad por la responsabilidad que nos corresponda".

La provincia a la que pertenecía el religioso, Santo Tomás de Villanueva, tienen comunidades en España, Brasil, Argentina y Venezuela y cuenta con 176 frailes distribuidos en 30 comunidades.
El cura español detenido en Venezuela por abusos sexuales fue profesor en Granada hasta hace tres años

El cura ha confesado los abusos ante la policía, que ha difundido su declaración en un vídeo publicado en Twitter. Merino admite que “nos encariñamos y el juego… y una cosa llevó a otra”, en referencia a los abusos sexuales. Cuando el policía le recrimina su actitud, él solo calla. Posteriormente reconoce que conoce a la madre de la niña, pero precisa que la familia de la víctima no sabía lo que estaba ocurriendo.

Cura reconoce que mantenía relaciones sexuales con una menor de 12 años

Iván Merino es natural de Motril. Sus estudios religiosos comenzaron en la casa de formación de los Agustinos Recoletos de Burgos. Posteriormente, continuó en el centro de Monachil (Granada) y en Roma. Su primer destino fue el colegio de la orden en Granada, donde ejerció como profesor de religión, han precisado las mismas fuentes.

Hace tres años, Iván Merino fue trasladado a Venezuela "para apoyar la labor pastoral". Actualmente es vicario de una parroquia de Maracaibo. Los Agustinos Recoletos han señalado que no recibieron ni denuncias ni quejas verbales durante los años que fue profesor en Granada. Tampoco en los tres años que lleva en Venezuela tuvieron noticia de ningún abuso hasta su detención en Maracaibo el pasado domingo.

La orden ha manifestado su deseo de colaborar con la justicia. “Siempre hemos repudiado, repudiamos y repudiaremos cualquier acción que atente contra la dignidad de la persona humana y mucho más si quien es afectado es un menor de edad", han señalado.

La lista de los 62 curas denunciados por abuso sexual en la Iglesia de Argentina

Abusos, silencio, protección. Este entramado se repite en muchos de los 62 casos denunciados en la Argentina desde 2002, luego de que estallara el escándalo del padre Julio César Grassi. Una investigación de la Agencia Télam (de las periodistas Lucía Toninello y Mariana García), deja al descubierto que la denuncia contra Grassi no es un hecho aislado: desde entonces cuatro nuevas denuncias se sumaron por año y sólo tres casos fueron sancionados con la máxima pena prevista por el derecho canónico: la expulsión del sacerdocio. Son 59 sacerdotes y tres monjas los denunciados en el país. De todos ellos, ocho recibieron una condena judicial. Los datos muestran cómo un complejo sistema de responsabilidades dentro de la Iglesia permite que rara vez haya una condena.

Curas denunciados por abuso sexual en Argentina

"La mayoría de los casos no son denunciados. La Iglesia Argentina no los denuncia, son las víctimas las que se animan a contar lo que les pasó y para ellas es un proceso muy doloroso. Estos números muestran la arbitrariedad del juicio canónico, porque salvo en casos que son indefendibles o han tenido mucha trascendencia pública, la expulsión no se concreta", explicó a Télam Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y uno de los pocos especialistas en derecho canónico del país que no pertenecen a la Iglesia. En Argentina no existen registros oficiales sobre la cantidad de sacerdotes o monjas denunciados. Tampoco hay registro de cuántas son las víctimas.

Siguiendo las notas publicadas en medios nacionales y regionales, informes de agencias y consultando fuentes propias, Télam reconstruyó un mapa de la pedofilia dentro de la Iglesia en Argentina utilizando el mismo mecanismo de "La Casa del Encuentro", la ONG que lleva adelante el único registro nacional que existe sobre femicidio. Este mapa muestra que en la mayoría de los casos la Iglesia no acompañó a las víctimas, que los abusadores ya tenían antecedentes y que los traslados son la respuesta más frecuente ante una denuncia. "Hay distintos niveles de responsabilidad en los traslados. Esos distintos niveles y esa fragmentación y discrecionalidad conspiran contra la tolerancia cero y otras premisas del Papa Francisco sobre los abusos (en su propio país)", reconoció en una entrevista con Télam el obispo Sergio Buenanueva, presidente de la comisión de Ministerios del Episcopado.

Los casos de curas "trasladados" de una diócesis a otra, cuando sobre ellos pesan denuncias de abuso, no son episodios aislados. El caso Próvolo, uno de los más recientes, es una muestra clara del procedimiento que se da dentro de la Iglesia. En estos 15 años, sólo 3 curas fueron sancionados con la expulsión del estado clerical, que implica que ya no pueden ejercer más el sacerdocio

Buenanueva, quien en 2011 fue designado para elaborar un protocolo a seguir ante denuncias de abuso, admitió que no sabe cuántos son los curas denunciados ni tampoco los condenados y sostuvo que hoy en la Iglesia "no existe criterio único". Todo depende de la orden a la que pertenezca el abusador, si ejerce o no como sacerdote. Y si es obispo, la investigación corre entonces por cuenta del Vaticano. Así, la superposición de responsabilidades puede terminar funcionando como una red de encubrimiento. En estos 15 años, sólo tres curas fueron sancionados con la expulsión del estado clerical, que implica que ya no pueden ejercer más el sacerdocio: Miguel Ángel Santurio (2013, condenado a 14 años por abuso sexual agravado contra 5 chicos), José Mercau y Cristian Gramlich (el papa Francisco fue quien ordenó la sanción contra ambos sacerdotes de San Isidro, pero la denuncia nunca fue llevada a la Justicia).

La siguiente lista (reconstruida por Télam) revela los nombres, cargos y estado de las causas en la Justicia penal y eclesiástica de los religiosos denunciados por abusos desde 2002. Se incluyen los casos que nunca llegaron a la Justicia, los aún investigados, los que tuvieron condena y aquellos que fueron sobreseídos:

1- Luis Anguita. Denunciado y sobreseído en 2004 por violar a una chica de 13 años. Se desempeñaba en el Colegio Franciscano Tierra Santa de la Ciudad de Buenos Aires. Sin condena.

2- Luis Alberto Brizzio. Acusado de haber abusado de un joven de 16 años en Santa Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe dictaminó que al producirse los hechos el denunciante era mayor de edad y descartó el delito. No hubo denuncia judicial.

3- Padre Walter Eduardo Avanzini. En 1998 un programa de TV mostró cómo pagaba para tener sexo con niños y adolescentes en una plaza de Córdoba. No fue investigado.

4- Miguel Cacciuto. Acusado en 2009 de abuso en un jardín de infantes en Villa Gesell, Buenos Aires. Actual párroco de la Sagrada Familia de Mar del Plata. No fue condenado.

5- Ladislao Chomin. Condenado en 2012 a 4 años de prisión por abuso sexual de una niña en Misiones. Cumplió prisión domiciliaria. Aunque condenado por la ley civil no fue expulsado del sacerdocio.

Ladislao Chomin condenado por abuso sexual

6- Nicolás Corradi. Con prisión domiciliaria por abuso de menores en el Instituto para chicos sordos e hipoacúsicos Próvolo de Mendoza. Acumula denuncias por abuso en Italia y en el Próvolo de La Plata. No fue condenado ni retirado del estado clerical.

Nicolás Corradi, abusador de menores sordos

7- Alessandro De Rossi. Acusado de abuso a niños entre 2008 y 2013, cuando era párroco en un templo de Salta capital. Detenido en Roma en 2014, se negó la extradición por falta de pruebas y fue liberado seis meses después.

8- Fray Diego. Denunciado penalmente en 2008 por abuso sexual contra un adolescente de 15 años en Buenos Aires. No fue investigado.

9- Juan Diego Escobar Gaviria. Elevarán a juicio oral la causa que lo investiga por abuso sexual de al menos cuatro menores en Entre Ríos. En 2016 fue detenido en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria.

Juan Diego Escobar investigado por abuso sexual de al menos 4 menores

10- Atilio Jesús Garay. Acusado de violar reiteradamente a una joven en 2004 en Los Ángeles, Estados Unidos. Fue candidato a intendente de General Campos, Entre Ríos. No fue investigado ni condenado.

11- Daniel Giménez. Denunciado en marzo de 2011 por abusar de una adolescente en Formosa. Se abrió una causa judicial. No fue condenado.

12- Padre Ricardo Giménez. Denunciado en 2013 por Julieta Añazco, por abuso reiterado en La Plata. No fue llamado a declarar.

13- Hermano Isaac Gómez. Condenado a 11 años de prisión por el Tribunal Oral y Criminal N° 4 de Mercedes, Buenos Aires, por el abuso sexual agravado de un menor.

14- Giovanni Granuzzo. Forma parte de la causa Próvolo de Mendoza, donde se abusó de chicos sordos e hipoacúsicos. También fue denunciado por abuso en Verona, Italia y La Plata junto con Nicolás Corradi, Luigi Spinelli y Eliseo Primati. Aún no fue condenado.

15- Padre Justo José Ilarraz. Se le inició investigación canónica por abusos contra al menos medio centenar de niños de entre 10 y 14 años en el Seminario Arquidiocesano "Nuestra Señora del Cenáculo" de Paraná, Entre Ríos, entre 1984 y 1992. El juicio oral comenzó en agosto.

Cura Justo Illarraz, investigado por abusos a más de 50 niños

16- Padre Virginio Juan Isottón. Detenido en julio de 1999 por "abuso deshonesto" de niñas en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Cañuelas, Buenos Aires. Lo declararon inocente en octubre de 2011.

17- Jorge Luis Morello. Denunciado por Iván González, seminarista de 19 años de Guaymallén, Mendoza. En 2012 se inició una demanda civil contra el arzobispado (José María Arancibia y Sergio Buenanueva) por ocultar información y tuvieron que pagar una indemnización. El arzobispado argumentó que la relación "había sido consentida". No fue condenado.

18- Albano Mattioli, ex directivo del Próvolo de La Plata. Llegó a la Argentina en 1965 desde el Próvolo de Verona, Italia, tras ser denunciado por abusos. Murió en 2013 a los 93 años en Italia y nunca fue investigado.

19- José Antonio Mercau. El Papa Francisco decretó el cese de su condición sacerdotal. En 2011 fue condenado a 14 años por "abuso y sometimiento sexual agravado" en perjuicio de cinco chicos en un hogar del Tigre, Buenos Aires. Fue excarcelado el 18 de marzo de 2014.

José Mercau expulsado del sacerdocio por abuso sexual

20- Reinaldo Narvais. Acusado por acoso sexual y abuso de poder por integrantes de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, de Rosario. El Vaticano abrió un juicio, no dio por probado el abuso y fue declarado inocente.

21- Domingo Pacheco. Condenado en febrero último a 13 años de prisión por abusar del menor Osvaldo Ramírez en Corrientes. Sigue libre hasta que la sentencia quede firme.

Domingo condenado por abuso a un menor

22- Rubén Pardo. Acusado por violar a un adolescente de 14 años en 2002 en Quilmes, Buenos Aires. Murió en 2005. Nunca fue juzgado, pero la Justicia condenó al obispado local por encubrimiento y lo obligó a pagar una indemnización.

23- Héctor Pared. Condenado en marzo de 2003 a 24 años de prisión por abuso sexual en un hogar de Florencio Varela, Buenos Aires. Murió en septiembre de ese año.

Héctor Pared, condenado a 204 años por abuso sexual

24- Martín Paz. Separado de sus funciones eclesiásticas en mayo de 2003 por el arzobispo de Salta, Monseñor Mario Cargnello, por abusar en Catamarca de una adolescente de 17 años que quedó embarazada. Hubo denuncia penal pero no fue investigado.

25- Luis Pezzolo. Detenido en septiembre de 2003 por abuso sexual en el hogar Obra de Don Bosco de Bernal, Buenos Aires. Estuvo cinco años con prisión domiciliaria. Se espera el juicio público.

26- Fernando Enrique Picciochi. Condenado en 2012 a 12 años de cárcel por abusar sexualmente de al menos cinco niños. Sebastián Cuattromo, quien iba al colegio Marianista de Caballito, Buenos Aires, lo denunció en 2000. Está en libertad por el beneficio del 2×1 desde principios de 2016.

Fernando Picciochi, condenado a 12 años por abuso sexual

27- Monseñor Carlos Robledo. En octubre de 2012, el ex seminarista Alfredo Bazán lo denunció por el abuso de seis adolescentes en 1987. Murió en 2009 sin ser investigado.

28- Luis Sabarre. Denunciado en 2010 por abusar de una niña de 9 años en Mendoza. La Iglesia abrió una investigación y lo declaró inocente. Fue designado administrador parroquial del Colegio Nuestra Señora de Luján de Cuyo.

29- Padre Miguel Ángel Santurio. Condenado en 2013 en un juicio canónico por abuso en Misiones. Fue liberado por falta de pruebas.

30- Mario Napoleón Sasso. Condenado en 2007 a 17 años de prisión por haber abusado sexualmente de cinco niñas en 2002 y 2003, cuando era párroco de la capilla San Manuel en Pilar, Buenos Aires. En el juicio probaron el encubrimiento de dos sacerdotes colegas de Sasso, que fueron procesados.

Mario Sasso condenado por abuso de cinco niñas

31- Padre "Seryo", Instituto Vicente Pallotti, Turdera, Buenos Aires. Denunciado por abusar de alumnos de ese Instituto. No fue condenado.

32- Luis Eduardo Sierra. Condenado a ocho años de prisión en 2004 por abusar en 2000 y 2001 de tres monaguillos de entre 12 y 14 años del colegio Ave María de la Obra Don Orione, de la localidad bonaerense de Claypole. No se sabe si cumplió la condena. Se fue a Paraguay, donde también lo acusaron de abusos.

33- Luigi Spinelli, consejero en el Próvolo de Mendoza. También había sido denunciado en Verona, Italia. No se sabe dónde está.

34- Edgardo Storni. Ex arzobispo de Santa Fe. En 2009 fue condenado a ocho años por abusar de un seminarista. Pasó un poco más de un año en prisión domiciliaria porque tenía más de 70 años. En 2011, la Cámara Penal anuló el fallo. Murió al año siguiente.

35- Richard Suttle. Fue denunciado en 2008 por abuso sexual de menores entre 1982 y 1983 en la escuela primaria del Sagrado Corazón, en Prescott, Arizona, Estados Unidos. En 2013 llegó a Buenos Aires como integrante del equipo de los claretianos dedicado a las misiones de las Naciones Unidas. No fue investigado.

36- Carlos Urrutigoity. Denunciado por "conductas deshonestas" en un seminario en Buenos Aires y trasladado a los Estados Unidos. Por nuevas denuncias lo reubicaron en Paraguay. Actualmente en el Instituto del Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza. No fue investigado.

37- Aníbal Valenzuela. En 2007 el obispo de Puerto Iguazú (Misiones), monseñor Marcelo Martorell, decidió suspenderlo como párroco por denuncias de abusos. Tuvo el apoyo del obispo Joaquín Piña y nunca fue investigado.

38- Padre Mario Yulán. Denunciado por abuso sexual en la parroquia San Juan Bautista, en Buenos Aires en 2007, en reemplazo de José Antonio Mercau. No fue condenado.

39- Cristian Vázquez. Ex sacerdote de la capilla Virgen del Carmen de Río Grande (Tierra del Fuego), imputado por abusar de una menor en 2012. No fue condenado.

40- Renato Rasguido. En marzo de 2014 fue denunciado por abusar de un adolescente de 15 años en Andalgalá, Catamarca. En 2015 la fiscal pidió su detención, aunque no se concretó. Espera el juicio en libertad.

41- Daniel Omar Acevedo. Un joven lo denunció como autor del abuso sexual que había sufrido cuando era niño y el 13 de noviembre de 2016 fue separado como cura de Ushuaia. No fue condenado.

42- Juan de Dios Gutiérrez. Denunciado en abril de 2015 por abusar de una adolescente de 16 años en Belén, Catamarca. Aún no fue condenado.

43- Agustín Rosa, Salta. Detenido con prisión preventiva. La causa será elevada a juicio oral. Fue denunciado por dos ex novicios. Tiene 25 denuncias canónicas por abuso, corrupción y enriquecimiento ilícito.

Agustín Rosa denunciado por múltiples delitos

44- Nicolás Osvaldo Parma Vega. Denunciado por abuso sexual pero aún no fue investigado. Pertenece a la congregación del sacerdote Agustín Rosa.

45- Cristian Gramlich. Expulsado del estado clerical. No hubo investigación judicial. Las denuncias por abuso en su contra habían empezado en 1998 en el colegio Carmen Arriola de Marín de San Isidro, Buenos Aires.

Cristian Gramlich, expulsado del estado clerical

46- Marcelino Moya. Denunciado en 2015, está a punto de ir a juicio oral. Cometió abusos contra menores que eran monaguillos entre 1994 y 1997 en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Entre Ríos.

47- Eliseo Primati. Cura del Instituto Próvolo de Mendoza. Tiene denuncias por abusos también en Italia. Aún no fue investigado.

48- Finnlugh Mac Conastair. Denunciado por abusos sexuales en el Colegio Cardenal Newman de San Isidro, Buenos Aires. El caso más conocido fue el de Rufino Varela. Aún no fue investigado. Tanto el colegio como la Congregación de Hermanos Cristianos Región de América Latina pidieron recientemente "disculpas públicas" a "todos los abusados" en esa institución.

49- Félix Alejandro Martínez. En 2002 fue denunciado junto al profesor de educación física Fernando Melo Pacheco por el abuso sexual de niños que asistían al jardín de infantes de la Escuela Nuestra Señora del Camino, de Mar del Plata. Recientemente ofició la misa por los 20 años del asesinato de José Luis Cabezas. No fue condenado.

50- Alejandro Squizziatto. Acusado de abusar de un niño en Mendoza en 2014. No fue investigado.

51- Raúl del Castillo. Denunciado en 2008 en Mendoza por abusar de un adolescente. Está en Paraguay, no fue condenado.

52- Carlos Richard Ibáñez Morino. Denunciado por abuso sexual de al menos diez jóvenes en Bell Ville, Córdoba, a principios de los 90. En 2004, la Corte Suprema paraguaya autorizó un proyecto para extraditarlo a la Argentina. No fue condenado.

53- Carlos Alberto Dorado, Santiago del Estero. Acusado por abuso, no fue investigado.

54- Monseñor Adolfo Uriona. En 2006 una joven lo denunció por haberla manoseado cuando era obispo de Añatuya, Santiago del Estero. Fue demorado por la policía. En 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo de Río Cuarto. Fue investigado y sobreseído en mayo de 2009.

55- Carlos Miguel Buela. Fundador del Verbo Encarnado, Mendoza. Acusado de violar a seminaristas de la congregación. El Vaticano admitió que era culpable de "inconductas sexuales". Lo trasladaron a una Iglesia en Génova. No fue condenado.

Carlos Buela, fundador del Verbo Encarnado, acusado de violación

56- Fernando Yáñez. Procesado por abusar de niños de un hogar en San Rafael, Mendoza. No fue condenado.

57- Horacio Corbacho. Detenido en Mendoza por las denuncias de abuso a niños sordos e hipoacúsicos en el Instituto Próvolo. No fue condenado.

Horacio Corbacho denunciado de abusos a menores sordos

58- Néstor Monzón. A punto de ir a juicio oral por el abuso de dos niños de tres años en Reconquista, Santa Fe.

59- Bibiana Fleitas. En 2015, una ex novicia escribió un libro contando los abusos de la monja en el Colegio Santa Rosa de Viterbo de San Lorenzo, Santa Fe. Fue trasladada a Mendoza pero aún no fue investigada.

60- María Alicia Pacheco. Era colaboradora de otro cura abusador, Agustín Rosa. Detenida desde diciembre de 2016 por abuso reiterado de una niña de 13 años en Salta.

María Pacheco denunciada por abusos a una menor

61- Monja Kosaka Kumiko, acusada de ayudar y encubrir a los sacerdotes que abusaban de los chicos del Próvolo de Mendoza. Es investigada y podría enfrentar una pena de entre 10 y 50 años de cárcel.

62- Padre Julio César Grassi. Condenado en 2009 a 15 años de prisión por abusar de un menor que vivía en la Fundación Felices los Niños, que él dirigía. La Corte Suprema confirmó la sentencia en marzo último. En abril, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón lo benefició con el 2×1 y le redujo dos años y medio la pena. La medida será apelada por los abogados querellantes.

“El cura que me violó era un depredador, un cazador de niños” (Claretianos en España)

El guía turístico Fernando García-Salmones y el profesor Enrique Sacristán arrastran el mismo pasado. Ambos estudiaban en 1975 en el colegio Claret de Madrid. Y ambos fueron violados (según revelan al diario "EL PAÍS")  por el mismo sacerdote, J. P. V., un carismático cura que frisaba entonces la cincuentena y que falleció en octubre de 2009 tras recibir un homenaje de sus antiguos alumnos. Cuando el religioso se cansó de García-Salmones, comenzó a extorsionar a Sacristán, explican. “Era un depravado, un cazador de niños”, zanja el primero, que pasó seis de sus 57 años en una terapia para combatir el shock. 

Los claretianos conocieron las andanzas del cura J. P. V. dos décadas después, según admite por primera vez el que fuera responsable de la orden en Madrid entre 2004 y 2006, el padre Miguel Ángel Velasco. El cura, sin embargo, no fue expulsado de la congregación y agotó su vida pastoral en la parroquia Nuestra Señora del Espino de Madrid. “Le dije que no se acercara a niños y adolescentes. Solo oficiaba misas”, justifica Velasco. “Le vigilamos. Estuve encima de él. Tuve una charla muy seria y me dijo que estaba de acuerdo con su nueva situación (mantenerse alejado de menores)”, añade. El superior claretiano no aclara cómo consiguió apartar al cura de los menores en una parroquia donde hay niños y adolescentes. Y reconoce que no se planteó denunciar el episodio, aunque de haberlo hecho, habría caído en saco roto: el delito de abusos sexuales a menores prescribe a los 15 años y ya habían pasado más de 20. Tras abandonar el Colegio Claret, J. P. V. aterrizó en el colegio mayor Jaime del Amo de Madrid, según el padre Velasco, que hoy coordina a los misioneros de este movimiento religioso. 

Tras muchos años de los abusos el cura claretiano siguió ejerciendo como sacerdote

Para entender esta historia hay que remontarse a 1975. Fernando García-Salmones tiene 14 años, ocho hermanos y pertenece a una acomodada familia que regenta tres cafeterías en Madrid. Junto a su gemelo, son matriculados en el colegio Claret. Al contrario que el resto de los adolescentes, no juega al fútbol. Y permanece solo en el patio hasta las siete de la tarde. La estampa atrae pronto la mirada del profesor de religión, un docente que (según la víctima) se presentaba ante sus alumnos como un guardián de la ortodoxia. “Una tarde lluviosa vino al patio a por mí. Me ofreció secarme en su habitación. Era un cuarto austero en una zona donde residía con otros sacerdotes. Empezó a tocarme mientras me preguntaba por qué estaba solo”, recuerda García-Salmones.

Esa jornada de 1975 arrancó un ritual que (según declara el agredido) duró casi dos años. “El cura me usaba como si fuera una prostituta. Llegaba, me desnudaba, me violaba y me despachaba. ¿Ver todos los días a un niño entrar y salir de la habitación del cura no despertó sospechas en otros sacerdotes?”, se pregunta este licenciado en Bellas Artes. Fernando García-Salmones reconoce que ocultó la secuencia a familia y amigos. Y que el clérigo le amenazó con contar a sus padres lo que ocurría tres veces por semana en su minúsculo cuarto. “Un día, J. P. V me forzó a tener sexo junto a otro sacerdote. Antes, me dio una bofetada”, relata sobre un encuentro que recuerda “breve” y donde tuvo después que limpiar la habitación y hacer la cama donde fue violado.

La víctima reprocha el comportamiento de su familia. "¿Cómo puede ser que mi madre nunca sospechara nada? Su hijo llegaba a casa con la ropa interior con sangre…", afirma para añadir después: "¿Es normal que mi hermano y su esposa participaran en un homenaje al cura después de saber lo que me hizo?". García-Salmones vincula las reticencias familiares con el omnímodo poder de su verdugo. Un sacerdote conectado con un alto cargo franquista que aparece en las crónicas de la época flanqueado por almirantes y jefes de la Armada. El párroco oficiaba bodas a las que asistía el consejo de ministros de la dictadura en pleno.

El fantasma de transformarse en un depredador, de reproducir en otros lo que le hicieron a él, atormentó a esta víctima durante décadas. “Fui a terapia para no convertirme en un depredador. Me daba miedo eso de que el abusado se convirtiera en un abusador. Nunca he tratado con menores”, zanja. Ocho años después de abandonar el colegio, García-Salmones envió una carta a su director. Asegura que no recibió respuesta ni llamadas. Y que, cuando decidió lidiar la batalla en los tribunales, en 1995, el delito ya había prescrito.

Continuas denuncias de abusos sexuales en colegios católicos de España

La violación, invisible en la confesión
La liberación de García-Salmones llegó en 1977. Fue entonces cuando el sacerdote que le angustió se fijó en otro estudiante, Enrique Sacristán. Con 15 años, Enrique Sacristán recibió una tarde la llamada de su profesor de religión, J. P. V. El cura le eligió entre el rebaño para ultimar los preparativos de una misa. “Tenía idolatrado a aquel cura. Era como la representación de Dios en la tierra”, explica este antiguo funcionario de Hacienda de 56 años que se gana la vida dando clases de español por la red desde su casa de Oliva (Valencia, 25.448 habitantes).

Enrique Sacristán relata que el cura le dio las llaves de su cuarto el mismo día que empezaron los abusos. El sexo con el clérigo se prolongó hasta que la víctima cumplió 18 años. “El día que fui a decirle que ya no podía más se lo tomó muy mal. Creo que le causé un trauma”. Mientras duraron las agresiones, el cura confesaba a su víctima. “Me imponía el rezo cuando le decía que me había masturbado y pasaba por alto los abusos a los que me sometía”, comenta contrariado. Dos décadas después, con el delito prescrito, Enrique Sacristán abordó al religioso en una céntrica calle de Madrid. “Reaccionó como si nunca hubiera pasado nada”, recuerda este docente que también dejó constancia de las agresiones en un diario infantil. 

Enrique Sacristán además envió en 2005 una carta a la revista "Zero" donde se presentaba como una víctima. Sin detallar el nombre de la orden, el colegio y la identidad del cura que le robó la inocencia, denunció la soledad del niño ante la “voracidad” del verdugo. El docente remitió la misiva a su agresor y a dos representantes de la congregación. No recibió respuesta.

El coordinador de los colegios claretianos de Madrid, Basilio Álvarez, esgrime que la congregación maneja un protocolo que contempla la denuncia a la fiscalía. Y dice desconocer el caso en el colegio Claret del cura J. P. V. Su hermano, el padre Velasco, hoy alto cargo en la orden, supo del asunto hace 15 años.

A la casa de presas Vulnerables
"Él sabía muy bien a quién podía cazar, cuál era el entorno familiar y los problemas de cada chaval". El guía turístico Fernando García-Salmones asegura que el sacerdote J. P. V. rastreaba con celo a sus futuras presas en el patio del colegio Claret. Tenía, dice, predilección por los débiles. "Yo era un niño que no jugaba al fútbol, solitario y eso le llamó la atención", explica. El agredido cree que los abusos de este clérigo "simpático, irascible y mandón” le privaron de la inocencia. Y que esto le provocó "falta de seguridad y baja autoestima".

La táctica de caza del religioso, un clérigo popular entre los estudiantes por presidir en su día la asociación de antiguos alumnos, también la suscribe su otra víctima, Enrique Sacristán. "Cuando le enseñé al cura mi diario y se enteró de mis problemas, se frotó las patitas", recuerda este docente que, junto con García-Salmones, coincide en definir al pastor que le atormentó entre 1975 y 1978 como "un depredador". García-Salmones y Sacristán se comunicaron por separado con este periódico para denunciar el caso de J. P. V. Coinciden en que no son las únicas víctimas.