Patrick Morrisey, Fiscal General
"Decepcionado como fiscal general y como católico"
"Esas son acciones que me decepcionaron. Me decepcionaron como fiscal general del estado y me decepcionaron como católico", agregó. Según ABC, Virginia Occidental es uno de varios estados que investigan las denuncias de presuntos abusos en sus diócesis después de conocerse el informe de un gran jurado en Pensilvania que denunciaba el encubrimiento masivo por parte de la Iglesia Católica de las acusaciones de abusos.
Mons. Lori actual obispo de la Diócesis de Wheeling-Charleston y acusado Mons. Bransfield
Las indagaciones tienen lugar en Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Maryland, Michigan, Misuri, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Pensilvania, Vermont, Virginia, el Distrito de Columbia y la archidiócesis de Alaska.
Pero ante la imposibilidad de presentar una investigación estatal que involucre a diferentes jurisdicciones, el fiscal Morrisey entabló una queja de protección al consumidor. Para ello, argumentó que la Diócesis de Wheeling-Charleston se implicó en actos o prácticas "injustas o engañosas al no revelar a los consumidores que sus servicios educativos y recreativos empleaban a sacerdotes y laicos que habían abusado sexualmente de menores".
Consultado por la cadena, un portavoz de la Diócesis se remitió a una declaración difundida en mayo, en la que indican que, según su punto de vista, "la Ley de Protección de Créditos al Consumidor de Virginia Occidental no se refiere a los temas descritos en la queja" y consideran la acción "fuera de la jurisdicción del fiscal".
Mons. Bransfield acusado de abuso y malversación de fondos de Wheeling-Charleston
"Rechazamos categóricamente la afirmación de la demanda de que la Diócesis no está totalmente comprometida con la protección de los niños", puntualizó. Tres despachos de abogados denunciaron a la Iglesia Católica de EE.UU invirtió más de diez millones de dólares entre 2011 y 2018 para bloquear cambios legislativos que estaban siendo acometidos por ochos estados con el fin de ampliar el tiempo de prescripción en delitos de abuso sexual.
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