Miembros del Seminario del Pueblo de Dios investigados por el Vaticano
El Seminario del Pueblo de Dios era una asociación privada de fieles que contaba con 80 miembros distribuidos en las diócesis de Vic (Barcelona), Tarragona, La Seu d'Urgell (Lleida), Barcelona, Bilbao, Segorbe-Castellón, Colonia (Alemania) y Valledupar (Colombia), que el arzobispo de Barcelona y la Congregación de la Doctrina de la Fe de la Santa Sede disolvió canónicamente tras una investigación de sus actividades que se inició en 2014.
Violación del celibato y prácticas sexuales
Las autoridades eclesiásticas vieron que el pensamiento del Seminario del Pueblo de Dios era "incompatible" con el Magisterio de la Iglesia Católica y abrieron una investigación por la supuesta violación del voto del celibato y otras prácticas prohibidas por la doctrina católica.
Según ha informado en un comunicado el Arzobispado de Tarragona, los tres clérigos de la clausurada asociación Seminario del Pueblo de Dios que ejercen diversas tareas pastorales en la archidiócesis tarraconense "han sido acusados de algunos delitos canónicos" y tendrán que dejar sus tareas sacerdotales cautelarmente a partir del próximo martes.
Prohibición cautelar del ejercicio
El Tribunal eclesiástico nombrado directamente por la Santa Sede para juzgar las acusaciones a los miembros de la extinta asociación Seminario del Pueblo de Dios ha decretado para los tres la medida cautelar de "prohibición del ejercicio público del ministerio sagrado", hasta que no se llegue a la sentencia canónica.
Las autoridades eclesiásticas vieron que el pensamiento del Seminario del Pueblo de Dios era "incompatible" con el Magisterio de la Iglesia Católica y abrieron una investigación por la supuesta violación del voto del celibato y otras prácticas prohibidas por la doctrina católica.
Según ha informado en un comunicado el Arzobispado de Tarragona, los tres clérigos de la clausurada asociación Seminario del Pueblo de Dios que ejercen diversas tareas pastorales en la archidiócesis tarraconense "han sido acusados de algunos delitos canónicos" y tendrán que dejar sus tareas sacerdotales cautelarmente a partir del próximo martes.
Tres sacerdotes suspendidos durante las investigaciones
Prohibición cautelar del ejercicio
El Tribunal eclesiástico nombrado directamente por la Santa Sede para juzgar las acusaciones a los miembros de la extinta asociación Seminario del Pueblo de Dios ha decretado para los tres la medida cautelar de "prohibición del ejercicio público del ministerio sagrado", hasta que no se llegue a la sentencia canónica.
Pese a que el arzobispado pidió a la Santa Sede que se suspendiera la medida cautelar, poco antes de que se hiciera el relevo episcopal recibieron la respuesta negativa a esta petición y el arzobispo Jaume Pujol, que ejercía ya como administrador apostólico, el 7 de junio comunicó a los tres sacerdotes que tenían que finalizar su servicio en las parroquias a partir del próximo martes, 25 de junio.
El nuevo arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha decidido ejecutar y hacer pública la orden de cese y relevo de los tres sacerdotes y ha nombrado a sus sustitutos en las parroquias de Blancafort, Solivella, Pira, Alcover, Mont-ral, La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Vimbodí, Tarrés y Vallclara.
Si hay delito, denuncia
Además, ha anunciado que "si en algún momento del proceso canónico iniciado apareciesen indicios de delito del ámbito penal civil, lo comunicaría a la autoridad judicial del Estado".
El arzobispado ha aclarado que la acusación "no implica condena" y, aunque ha hecho público el nombre completo de los tres sacerdotes, ha pedido respetar la presunción de inocencia de los acusados, que "si fuesen declarados inocentes, se les reintegraría a otras tareas pastorales".
El nuevo arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha decidido ejecutar y hacer pública la orden de cese y relevo de los tres sacerdotes y ha nombrado a sus sustitutos en las parroquias de Blancafort, Solivella, Pira, Alcover, Mont-ral, La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Vimbodí, Tarrés y Vallclara.
Si hay delito, denuncia
Además, ha anunciado que "si en algún momento del proceso canónico iniciado apareciesen indicios de delito del ámbito penal civil, lo comunicaría a la autoridad judicial del Estado".
El arzobispado ha aclarado que la acusación "no implica condena" y, aunque ha hecho público el nombre completo de los tres sacerdotes, ha pedido respetar la presunción de inocencia de los acusados, que "si fuesen declarados inocentes, se les reintegraría a otras tareas pastorales".
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